Tras más de 300 días de bloqueo político, la votación de ayer en el Congreso de los Diputados permite que Mariano Rajoy pueda formar Gobierno y, por tanto, asumir determinadas funciones que desde el 20 de diciembre del pasado año estaban congeladas al estar el Ejecutivo en funciones. Esta larga interinidad, inédita en la historia de España, ha tenido consecuencias en los distintos escalones administrativos del Estado. Quienes peor lo han pasado han sido las comunidades autónomas, pero a esta situación no escapa el Ayuntamiento, conforme avanzaba el calendario y se aproximaba el final del año. Era el momento de elaborar los documentos económicos más importantes de cada ciudad, las ordenanzas fiscales y los presupuestos, y ambos tienen una dependencia parcial de las cuentas generales del Estado.

En este asunto es en el que pronuncia la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, quien, ante la inminente constitución de un nuevo Gobierno de España, señala que “lo verdaderamente importante es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado” (PGE), sobre todo por lo que éstos contienen que afectan directamente a las cuentas municipales, como es el caso de la tan nombrada en estas semanas revisión de los valores catastrales o, como destaca esta concejal de IU, la fijación de la regla de gasto, que regula “que no puedes gastar más de un tanto por ciento del presupuesto ejecutado del año anterior con una serie de condiciones que se varían cada año”.
Su antecesor en el cargo y actual portavoz municipal del PP, José María Bellido, explica que la constitución del Gobierno central “es muy positiva porque por fin se desbloquea la situación al no aceptar la oposición el resultado de las urnas y eso es importante porque tiene unas consecuencias económicas positivas y supone una mejora a las perspectivas financieras”.
Además, los Presupuestos Generales del Estado fijan también para cada municipio la conocida como participación en los impuestos del Estado, conocida como la PIE, y que consiste en los fondos que recibe el Ayuntamiento de la recaudación de los tributos nacionales, como el IRPF o el IVA, entre otros. Para el Ayuntamiento de Córdoba, el PIE supone cada año una cantidad que ronda la cifra nada desdeñable de 80 millones de euros, con ligeras variaciones de un año a otro dependiendo de diversos factores que se fijan anualmente en los PGE.
La fijación del techo de gasto es otro de los aspectos que con el desbloqueo del Gobierno y la aprobación de los PGE beneficia también a los ayuntamientos, aunque éstos, incluido el de Córdoba, cuentan con un objetivo general de déficit cero. Las autonomías son las que tienen más ganas de conocer la cifra definitiva en este aspecto que, de cierta manera, llega también a las ciudades.
El caballo de batalla en la elaboración de las ordenanzas fiscales de Córdoba ha sido, hasta la compensación total de la subida del IBI, ha sido la revisión de los valores catastrales. Estas cifras las fija el Gobierno de la nación en los PGE y marcan la subida que cada Ayuntamiento debe hacer al impuesto que antes se conocía como Contribución Urbana. Si algún Consistorio decide rebajar esta presión fiscal lo que tiene que hacer es compensarlo en similar cuantía. Esto es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Córdoba, con la salvedad de que el anteproyecto de ordenanzas fiscales contempla cualquier compensación posterior en el supuesto de que los PGE revisen dichos valores.

Además de todo esto, José María Bellido apunta que una vez que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a Rajoy para crear Gobierno, “el Ayuntamiento de Córdoba se tiene que poner a trabajar y explicar, por ejemplo, en Madrid el retraso de las inversiones en el proyecto 50 obras/50 barrios y asegurar el ritmo de las obras del Centro de Convenciones”. A esto hay que sumar que la nueva situación política en España “va a desbloquear la modificación de la salida 403 de la autovía, que es un punto conflictivo de tráfico”.