En la segunda sesión del juicio que se sigue contra el empresario cordobés Rafael Gómez y sus 4 hijos por el impago de hasta 58 millones de euros en concepto de impuestos (IRPF, Impuesto de Sociedades y Patrimonio), han testificado tanto los trabajadores del conglomerado empresarial como sus asesores durante los ejercicios 2003, 2004. 2005 y 2006, algunos de los cuales, mantenían relación de amistad con la familia de toda la vida.
Si en la sesión de ayer los propios acusados aseguraron desconocer el mecanismo tributario de sus propias empresas, por desconocimiento de cuestiones económicas de sus sociedades -de las que tenían un sueldo alrededor de los 4.000 euros y por las que llegaron a deber a la banca hasta 2.000 millones de euros-, en la sesión de hoy la tónica general ha sido la misma: que tanto Rafael Gómez como sus hijos  y esposa no estaban al corriente de las obligaciones fiscales de sus propias empresas según sus trabajadores.
El responsable de la contabilidad de las empresas durante el periodo que se investiga, desde 2003 hasta 2006, ha negado haber recibido instrucciones de la familia Gómez sobre asuntos tributarios calificando las auditorías que realizaban consultoras externas como «limpias» porque «en el departamento se hacía lo que nos recomendaban los auditores».
Es más, el encargado de todas las cuentas del grupo societario, que adeuda al Fisco hasta 58 millones de euros por impagos en el Impuesto de Sociedades y en el IRPF de toda la familia, ha aseverado que «enviábamos a Hacienda todos los informes que nos pedían para verificar la contabilidad».
Su responsable superior, que lleva desde el año 1994 trabajando para el grupo y que ha asistido hasta a los matrimonios de sus jefes, ha corroborado la externalización de las responsabilidades tributarias a auditores ajenos a la empresa que se contrataban.
Lo que sí ha resaltado es que debido a la condenada por cohecho de Rafael Gómez que le impuso pagar 150.000 euros por el ‘caso Malaya’, el grupo atravesó «dificultades financieras» y llegó a deber a los bancos hasta 2.000 millones de euros, «no que supuso que los auditores autorizaran el aprovisionamiento de existencias» para hacer frente a las deudas del grupo.
Uno de los asesores de toda la vida de Gómez, Juan Antonio Barranco, que se encargaba de presentar a la Agencia Tributaria los informes ha declarado que hubo un problema en la presentación de la declaración de patrimonio de 2004 porque «el programa informático me impidió imprimir un papel con los datos que tenía». Algo a lo que no le ha dado importancia pues ha defendido que presentaba con normalidad las declaraciones de IRPF de toda la familia; «nunca he ocultado información en ninguno de los ejercicios».
Por su parte, otro de los asesores, Rafael Natera, ha declarado conocer a Gómez «desde niño», si bien ha defendido que el empresario «nunca me sugirió que hiciera lo posible para no tributar».
Así las cosas, el Ministerio Fiscal pide para Gómez 44 años de cárcel por considerarlo responsable de hasta 11 delitos contra la Hacienda Pública y para cada uno de los 4 hijos, un total 22 años de cárcel por participar en hasta 8 delitos económicos, todo lo cual, habría contribuido a la evasión de 58 millones de euros, el mayor delito económico investigado en Córdoba hasta la fecha.