La penúltima sesión del juicio que se sigue en el juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba contra el conglomerado empresarial del ex edil de UCOR Rafael Gómez y sus cuatro hijos consejeros de administración en las distintas sociedades ha arrojado las primeras conclusiones después de casi una semana de declaraciones y pruebas testificales. En ellas, el Ministerio Fiscal ha argumentado que si bien, «no existió una organización criminal con estructurada», sino que lo que había, era un departamento financiero, el modus operandi fue «la defraudación eludiendo el pago de los impuestos que correspondían» tanto a Arenal 2000 SL, como a Arenal 2001 S.L como a Grupo Inversor Arenal de Inversiones, todas ellas dedicas a la promoción inmobiliaria».
«El que está por encima de la ley alguien se lo tiene que reprochar», ha sostenido al respecto del caso de Gómez, por ello, ha mantenido una petición de penas de 40 años por la presunta comisión de hasta 11 delitos contra la Hacienda Pública para Rafael Gómez y 18 años y 3 meses para cada uno de sus vástagos por considerarlos partícipes de 7 de delitos tributarios. Todos, pudieron eludir a través de diferentes operaciones entre los grupos, el pago de hasta 53 millones de euros.
No obstante, el fiscal ha señalado que ya sea mediante el procedimiento de ocultación de datos o de interpretación equivocada de la ley en materia tributaria, a pesar de contar con un equipo asesor y auditorías externas, la actitud de Gómez de «no querer ni saber» sus deberes fiscales no lo eximen de su cumplimiento. «Todo el mundo sabe que hay que pagar impuestos hasta por la lotería», se ha referido el representante del Ministerio Público.
Es más, ha insistido en que si alguien se presta a recibir prestaciones por sus negocios -hasta 100 millones de euros en uno de los ejercicios-, «también tiene el deber de conocer sus obligaciones». El error no puede provocar una descarga de culpabilidad, ha intentado matizar.
Y es que, precisamente, «errores» es lo que reconoce Severino Martínez, el abogado que defiende a Gómez y a las sociedades quien en su exposición con respecto a los 22 ajustes que realiza el inspector de Hacienda, cuya profesionalidad también cuestiona, a cuatro años de operaciones. «Nunca se ocultó nada, todas las facturas están contabilizadas» ha aseverado insistiendo en que «no ha habido ni la menor intención defraudatoria».
Es más, determina que el hecho de considerar acusaciones de fraude tributario es porque no se ha tenido en cuenta el análisis pormenorizado y las valoraciones de los asesores externos de Gómez que incorporaron todas las correcciones necesarias en los balances para que el departamento financiero las presentase.
Por todo ello, ha pedido la absolución para todas las sociedades y para Rafael Gómez por «incoherencias» en el informe de la Agencia Tributaria, que considera no ha sido perjudicada en la tributación. «El perjuicio ha sido para la familia y lo ha pagado mediáticamente».
La Abogacía del Estado, personada como acusación en el caso por representar a la Agencia Tributaria, se ha posicionado junto al Ministerio Fiscal pues entiende, al igual que antes de las pruebas practicadas en el plenario, que hubo «delito contra la Hacienda Pública por acción y omisión mediante la elusión de pago de impuestos para obtener mayores beneficios».
Es más, no considera ni las dilaciones indebidas solicitadas por las defensas ya que responsabiliza precisamente a esa parte de que el proceso se haya alargado en el tiempo más de una década por requerimientos y peticiones de los abogados de Gómez.
Mañana, los tres abogados que representan a los hijos del empresario expondrán sus conclusiones exculpatorias de sus representados y está previsto que el caso quede visto para sentencia.