Será a partir de septiembre cuando el Ayuntamiento de Córdoba obtenga una de las mayores cantidades económicas que entran en las arcas municipales, con el fin de utilizarla para proyectos concretos, y procedentes de la Unión Europea (UE): los fondos Edusi. Esta iniciativa permitirá invertir un total de 15 millones de euros en Córdoba hasta el año 2021. Al concurrir en la demanda de la utilización de estos fondos, el Consistorio asume una serie de cometidos asociados al cumplimiento del Programa Operativo Feder, en el que se enmarcan. Entre estas funciones, se incluye la obligatoriedad de elaborar un Manual de Procedimientos en el que se describan todos y cada uno de los procesos y la organización en los mismos, así como el deber de aplicar medidas antifraude.
En este sentido, el Consistorio de la ciudad aplicará un sistema de autoevaluación del riesgo de fraude del que informarán a la Unión Europea, que estará en línea de los establecido en el documento de Descripción de Funciones y Procedimientos para la aplicación de los Feder. Este organismo, a su vez, comunicará al Ayuntamiento su conformidad con el sistema de autoevaluación del riesgo de fraude y remitirá la información correspondiente a la Autoridad en Gestión.
Por otro lado, el Consistorio deberá informar regularmente a la UE de las evaluaciones efectuadas y, en su caso, de las medidas adoptadas. La entidad local aceptará la extensión y aplicación a su ámbito en las autoevaluaciones que realice el organismo europeo en materia de evaluación del riesgo de fraude y de prevención, detección, corrección, y persecución del mismo, e incorporará a su operativa las actuaciones que procedan en función del nivel de riesgo que se asigne a sus operaciones. Además, las exigencias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyen que el Ayuntamiento asegurará durante todo el periodo de ejecución del programa, la correspondiente aplicación de medidas antifraude eficaces y proporcionadas.
En este sentido, la Secretaría del Estado español para la Sociedad de la Información ha dejado constancia de que cualquier ciudadano de la Unión Europea puede informar a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de aquellas sospechas de fraude que afecten a los intereses financieros de la UE, y que podrá dirigirse a esta entidad en todas las lenguas oficiales de la Unión.
