"Tirón de orejas" a Ambrosio del Defensor del Pueblo


En el escrito remitido a la alcaldesa le piden "nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva"

La chispa ha saltado por la exclusión de la asociación de consumidores FACUA de la mesa de trabajo de las nuevas tarifas de EMACSA. Esto ha desembocado en una denuncia ante el Defensor del Pueblo, que se ha despachado a gusto, y que al hilo de lo que ha pasado en EMACSA, viene a advertir del excesivo sitio que se le da al Movimiento Ciudadano, sin garantizar que represente a los colectivos concretos afectados en cada caso.
Tras la denuncia de FACUA Córdoba, el Defensor del Pueblo Andaluz ha recomendado a la alcaldesa de la ciudad «que dé participación a las asociaciones de consumidores más representativas, como es el caso de FACUA, en la mesa de trabajo de las nuevas tarifas del agua de Emacsa, y considera un error no haberlo hecho ya».
Un año ha hecho falta y tres requerimientos para que desde el ayuntamiento llegara la respuesta.  Finalmente, desde el cogobierno han respondido argumentando que, «de acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana, no está obligado de manera expresa a invitar a participar en esta mesa a colectivos o asociaciones». Curiosa vara de medir cuando en otros entes, por ejemplo el IMTUR, son capaces de excluir a los grupos políticos minoritarios -que les guste más o les guste menos están ahí en representación de los cordobeses- para incluir a los vecinos (más bien asociaciones de vecinos).
El Defensor del Pueblo Andaluz le ha señalado una vez más al Ayuntamiento de Córdoba, tras la respuesta de éste a sus requerimientos, que «hubiera sido deseable una actuación administrativa más sensible y acorde con la oportunidad que se brindaba para la participación de las asociaciones de consumidores más representativas en relación a cuestiones como pueden ser la delimitación de los tramos tarifarios en función del consumo o la inclusión de exenciones o bonificaciones».
Además, el Defensor del Pueblo Andaluz en su contestación al Ayuntamiento de Córdoba deja en evidencia que «la participación que se articula a través del Consejo del Movimiento Ciudadano en esta mesa de trabajo, resulta muy limitada en cuanto a su protección como consumidores«.

La alcaldesa, Isabel Ambrosio.
La alcaldesa, Isabel Ambrosio. /Foto: LVC

En la resolución emitida en julio de 2016 por el Defensor del Pueblo Andaluz, que constaba de diez folios, se señalaba, entre otras cosas, que precisamente la participación ciudadana es uno de los principios fundamentales del modelo de gestión que propugnan, en la línea de la Convención de Aarhus y la Ley 27/2006, además de la propia Constitución Española, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Trasparencia y Acceso a la Información pública y buen gobierno, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el artículo 101 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, entre otras.
El Defensor destacaba además en su informe el papel importante de FACUA en otros procesos del ciclo. «En el caso concreto de Facua, además, tenemos conocimiento de su implicación en otros procesos de elaboración de tarifas del ciclo integral del agua», señala.
La representación de los consumidores, exclusiva de las asociaciones
La participación ciudadana se traduce, según el Defensor del Pueblo, tanto en la rendición de cuentas y el acceso a la información como en la adopción de decisiones, y señalaba en su informe que «es preciso promover nuevas formas de control social y de democracia participativa, que garanticen transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva».
Además, en la página 7 de su informe, dejaba en claro a la presidenta de Emacsa que «la legitimación para actuar en nombre y representación de los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias se atribuye exclusivamente a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes complementarias, en la LDPCUA y en el Decreto 121/2014, de 26 de agosto, por el que se regula el régimen jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía».
Por otra parte, en el informe se destacaba que se desconocía quiénes eran los sectores sociales que habrían sido llamados a participar en la comisión en representación del movimiento ciudadano y qué criterios se habrían empleado para la asignación de estas plazas. Pero lo que le parecía un error «es que no se haya incorporado a las asociaciones más representativas de los intereses de consumidores y usuarios, cuando son éstos los destinatarios de las tarifas de Emacsa».