Una deuda que la Junta de Andalucía mantiene con el Ayuntamiento de Córdoba será saldada en un futuro inmediato después de que el Consejo de Gobierno andaluz decidiera en su reunión ayer hacer una modificación presupuestaria por la que se destinará algo más de cuatro millones de euros para pagarla. Ante esta demora en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la Junta de Gobierno Local aprobó a inicios de este año llevar el caso a los tribunales.

Así, el Gobierno andaluz ha aprobado el destino de este dinero para pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de su parque de viviendas sociales. Esta deuda tiene esta antigüedad, ya que cuando estos pisos pasaron a ser responsabilidad de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) -actualmente AVRA- tras su creación en 1985 el impuesto municipal comenzó a abonarse con normalidad, por lo que quedó pendiente toda la deuda correspondiente al periodo de responsabilidad de la Junta.
Desde ese momento, todas las corporaciones municipales han intentado hacerse con el dinero que le corresponde a la ciudad, pero en este caso ha sido infructuoso hasta ahora, en que el aviso de acabar el caso en los tribunales y el señalamiento de bienes para un embargo ha precipitado la reacción del Gobierno de Susana Díaz.
Ya en 2013, la Corporación presidida por José Antonio Nieto logró condonar una deuda de 4,6 millones con la Administración andaluza mediante a cargo de la cantidad que debía devolverse de la subvención de 4,2 millones para el Palacio de Congresos de Miraflores que no se llegó a construir.
Esta situación es extensiva a toda la comunidad autónoma, donde la Junta mantiene deudas con prácticamente todos los ayuntamientos en donde tiene viviendas sociales. En el caso de Sevilla, donde la cantidad adeudada es similar a la de Córdoba, se alcanzó el pasado verano el acuerdo de fraccionarla, por lo que no quedará saldada hasta el año 2020.