La concejal de Infraestructuras, Amparo Pernichi, ha derivado todas las responsabilidades en el caso del contrato para la elaboración del mapa de ruidos sobre el que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba impone al Ayuntamiento el pago de 40.000 euros que saldrán de las arcas públicas, como denunció el miércoles el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez. La edil de IU ha señalado que el pliego de licitación «es de 2012 y primaba las bajas [en las ofertas]; la mesa de contratación es soberana y no tenemos responsabilidad».

En su opinión, «la adjudicación del contrato es un tema administrativo y se hizo en base a lo que la mesa de contratación consideró oportuno», aunque reconoce que «el pliego tenía carencias» y además «tendrían que haberse ponderado otras cuestiones», pero esto no impide que el resultado sea que «el mapa de ruidos se ajusta al pliego de condiciones».
Otra de las críticas del grupo de Ganemos era que se había elaborado este documento sin la más mínima participación ciudadana, sin escuchar a los vecinos afectados. Según Pernichi, «el proceso participativo se hará en las acciones que se llevarán a cabo». También denunció Blázquez que la empresa ha realizado el trabajo a base de simulaciones, sin venir a Córdoba. Para la delegada de Infraestructuras «las simulaciones se hacen a través de algoritmos que se extienden al resto de la ciudad y la Unión Europea dice que la simulación es más real que las mediciones concretas».
Pernichi se defendió de las críticas aludiendo a que, precisamente, la Unión Europea no considera al ocio como factor desencadenante de molestias por ruido, cuando las concentraciones en bares nocturnos o en terrazas son algunas de las críticas que realizan los vecinos más directamente afectados. Pese a esto, la concejal de IU defendió la elaboración del mapa de ruidos, ya que si no «la UE te penaliza».