La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado reabrir la investigación por posibles delitos en la adjudicación, a una filial de la empresa cordobesa Magtel, de la explotación de la mina de Aznalcóllar. 

Esto ha provocado, según  ha publicado el diario El País, la dimisión del presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero (antiguo alto cargo de la Junta de Andalucía), que será investigado junto a otros responsables participantes en el  procedimiento de contratación pública. Una renuncia que se hará efectiva el próximo viernes, cuando tenga lugar la reunión del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.

Cabe recordar que anteriores denuncias por este asunto fueron archivadas, en dos ocasiones, por la Administración de Justicia, como ha recordado al citado medio la actual  ministra de Hacienda y exconsejera de la Junta, María Jesús Montero. Si bien, el auto por el que se ha acordado la reapertura del caso Aznalcóllar reitera los indicios de ilegalidades que ya vio en 2016, cuando lo reabrió por primera vez, tras el archivo por parte de la juez instructora, la magistrada Patricia Fernández.

No obstante, en esta ocasión, se amplia el número de investigados y se señalan nuevas tipologías de delitos, como el de tráfico de influencias, del que sería supuesto máximo responsable, otro exalto cargo de la administración autonómica durante el mandato del PSOE, Vicente Fernández.