“El temido regreso al Magreb de alrededor de 7.000 ‘emigrados’ a Siria e Irak, junto a los 5.000 retornados del Estado Islámico que podrían volver a territorio europeo, supone un desafío a la seguridad para Europa y el Magreb sin precedentes que obliga a un necesario entendimiento y colaboración en busca de un objetivo común”.

Estas palabras de Carlos Echeverría, subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, resumen el contenido de la III Cumbre de Córdoba de Seguridad que, bajo el título Combatientes extranjeros y retornados: amenaza, gestión y respuesta, ha celebrado el Instituto de Seguridad y Cultura este viernes en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba.

Echeverría, que ha abierto la jornada comentando su informe La amenaza de los retornados del Estado Islámico: una preocupación para España y para la Unión Europea, ha incidido en que, pese a tratarse de un problema común, “cada país afectado tiene ante sí un desafío diferente en función del volumen de personas que puedan volver o que ya lo estén haciendo y del ordenamiento jurídico de cada Estado”.

Además, en el caso de España, este profesor de Relaciones Internacionales ha señalado que “el problema no es tanto cuantitativo como cualitativo, dado el perfil de esas personas y la capacidad de influencia que continúan manteniendo en España”. Como ejemplo, ha citado las imágenes de Muhammad Yasin Ahram Pérez, alias Abu Lais Al Qurtubi, El Cordobés, reivindicando en un vídeo los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. Echeverría ha explicado que no es casual que el EI le utilizara para reivindicar estos atentados, dado el “carácter simbólico de Córdoba, con su Mezquita como estandarte de la reivindicación del califato perdido de Al Ándalus que en su imaginario está por recuperar”.

La III Cumbre de Córdoba de Seguridad ha contado además con la participación de Beatriz Becerra, eurodiputada del Grupo Liberal 2014-2019; Pablo Núñez Almagro, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que ha hecho un análisis de los combatientes terroristas extranjeros desde un punto de vista cuantitativo, y Rose Tasker, segunda secretaria política de la Embajada de Reino Unido en Madrid, que ha abordado la evaluación y reducción del riesgo que supone el regreso de los combatientes terroristas extranjeros.

Además de evidenciar el volumen del desafío a la seguridad que supone el fenómeno de los retornados, los ponentes han planteado la forma de abordarlo. En concreto, Beatriz Becerra, que ha insistido en que “se trata claramente de una cuestión de carácter europeo”, se ha mostrado convencida de que debería de haber una respuesta unitaria a nivel de la UE y que “además debe de acordarse de manera urgente”, pues “el marco legal y el ámbito de competencia de la UE en relación con los retornados está de momento bastante limitado”.

Actualmente, según ha señalado Becerra, “hay iniciativas legislativas desarrolladas de utilidad”, centradas en “la penalización de los viajes relacionados con el terrorismo, el refuerzo de instrumentos para facilitar los controles de las fronteras exteriores, la revisión del Código de fronteras Schengen y el refuerzo del marco para el intercambio de información”. Aun así, “el fenómeno de los retornados y el tratamiento correspondiente a los hijos no cuenta con referentes en la legislación europea”.

En la Cumbre se ha puesto de manifiesto que el desafío es doble: por un lado, policial; pero, por otro, jurídico e incluso social. ¿Debe retornarse a los combatientes extranjeros y sus familiares? ¿Y cómo debe gestionarse su reinserción? Beatriz Becerra ha recordado que “la criminalización ha sido y es la primera medida de respuesta que se ha dado en España” a este fenómeno, al tratarse de personas que han incurrido en delitos tipificados en el Código Penal.

Sin embargo, queda abierto un frente en la gestión de esos retornados y, especialmente, sus familiares. Un apartado en el que, como ha señalado Carlos Echeverría, más allá de las actuaciones institucionales, “es necesario abrir un debate público pues el impacto de los retornados, y no sólo de los combatientes extranjeros, tendrá consecuencias en múltiples dimensiones en la vida nacional, dentro y fuera de las prisiones”.

Sobre el Instituto de Seguridad y Cultura

El Instituto de Seguridad y Cultura es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la prevención del extremismo violento a través del análisis, el debate y la sensibilización. Dentro de sus actividades, esta entidad ha impulsado el programa “Democracia, Radicalismo y Sociedad Civil”, que tiene como objetivo promover el debate sobre cómo la sociedad civil puede tener un papel activo en la prevención del extremismo violento.

A través de conferencias, encuentros con expertos y publicaciones, el programa pretende aportar ideas, sugerencias y propuestas que contribuyan a la lucha contra la radicalización. Las democracias occidentales se enfrentan al gran desafío de poner en valor las instituciones, los valores democráticos y el Estado de Derecho como alternativa al extremismo violento. Por ello, este programa pretende aportar contenidos en esta dirección.