Ya está cerrado el caso de las asignaciones realizadas al grupo municipal del PSOE en 2017 y de las que la Intervención Municipal no ha admitido las explicaciones dadas por los socialistas, por lo que deberán devolver a las arcas públicas la cantidad de 50.975 euros al no haberse justificado gastos por dicha cuantía tal y como está regulado.
En dicho año, los socialistas recibieron la cantidad de 57.947 euros en concepto de asignación para los gastos generados por el grupo municipal en conceptos muy concretos, como son la adquisición de material de oficina, viajes justificados, encargos de informes o cualquier otro concepto directamente relacionado con el funcionamiento de la oficina del PSOE en el Ayuntamiento.
Los problemas comenzaron en 2018, cuando llegó el momento de justificar el destino del dinero durante el año anterior. En aquel momento comenzó un tira y afloja que ha durado hasta ahora en que se ha ordenado la devolución de buena parte del dinero recibido.
La sorpresa salta cuando se conoce que la Intervención aprueba las liquidaciones de todos los grupos políticos, salvo la del PSOE, que contaba con fuertes reparos. Los socialistas intentaron minimizar la cuestión, quitándole hierro a asunto y señalando que todo se reduce «a una falta de comunicación», como afirmó su portavoz, Isabel Ambrosio. Además, indicaban que todo se iba a resolver de forma favorable.
No ha sido así. El órgano fiscalizador municipal ha rechazado las explicaciones dadas por los socialistas y reclamando la devolución del dinero. Esta cifra, los 50.975 euros en cuestión se dividen en dos conceptos. Por una parte está el importe directamente no justificado, que asciende a la cantidad de 22.597 euros, que procede de la diferencia entre el total del dinero recibido en 2017 y los gastos justificados. Al resultante hay que sumarle otros 28.378 euros que son los gastos que han sido fiscalizados de disconformidad por la Intervención Municipal.
La clave de la cuestión está en que hay grupos municipales que derivan una parte de la asignación municipal a sus respectivas formaciones políticas. La justificación de esta cantidad, que en el caso del PSOE es del 28.000 euros, es la que no ha contado con el visto bueno en su fiscalización.
El PSOE y los «certificados de costes indirectos»
Ambrosio remitía en marzo pasado el convenio regulador entre el grupo municipal y el partido, así como una serie de «certificados de costes indirectos», firmados por la administradora del PSOE-A Córdoba, en concepto de «servicios de infraestructura», consistentes en el uso de determinadas sedes de agrupaciones locales socialistas en la capital.
La argumentación del gasto se fundamenta en que «el grupo municipal del PSOE ha tenido a su disposición el uso del local señalado los lunes, miércoles y viernes, lo que representa 156 días al año, correspondiéndole por tanto una prorrata del 45% de los gastos de mantenimiento del citado inmueble». A continuación se hace el cálculo del porcentaje correspondiente en cada caso según los gastos generados por cada sede.
En el informe del órgano fiscalizador se explica que estos «certificados de costes indirectos» son «extemporáneos» y que debieron presentarse en junio de 2018, que es cuando había que justificar la asignación y no fuera de plazo, ya que están firmados en enero de 2020 por la administradora del PSOE-A Córdoba.
