Este año no se podrá asistir a la ya tradicional concentración en la plaza de Capuchinos que desde 2009 mantienen los miembros de la Plataforma Córdoba por el Derecho a la vida. El coronavirus lo ha impedido. «Se ha decidido no realizar la convocatoria para evitar cualquier situación susceptible de empeorar la pandemia», señalan desde la plataforma.

Esta decisión se toma en un momento en el que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a un proceso legislativo que, desde su punto de vista, «atenta directamente contra la vida y dignidad humanas: la Ley de Eutanasia». Comparan esta nueva legislación a lo ocurrido en 2010 con la ley del aborto: » Llega sin debate, sin medidas legislativas o administrativas que permitieran otra opción viable diferente a la muerte para evitar un sufrimiento, sin atender recomendaciones de los órganos institucionales de expertos, usando como único argumento encuestas manipuladas aderezadas con bonitas expresiones como  derecho a decidir o muerte digna». 

En mayo de 2018 el Consejo General del Colegio de Médicos declaró públicamente su rechazo a que profesionales de la Medicina pudieran acabar intencionadamente con la vida del paciente sufriente. En ese comunicado se instó «a buscar un marco legislativo que permitiera garantizar el acceso universal y equitativo a los cuidados paliativos de calidad, así como el derecho a la sedación paliativa en la agonía de forma científica y éticamente correcta».

En septiembre de este año el Comité de Bioética de España, órgano consultivo del Ministerio de Sanidad, rechazó por unanimidad considerar a la eutanasia un derecho subjetivo, advirtiendo que su implantación iniciaría «un camino devastador de la protección de la vida que en el futuro podrá afectar a los derechos de las personas vulnerables». En su lugar este comité aboga por legislar a favor de una “sociedad de cuidados”.

Organismos internacionales abogan por otra vía

Desde la ONU, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó en 2019 retirar las provisiones legales relativas al aborto o a la eutanasia por motivo de discapacidad, pues contribuyen a crear un clima de estigma social hacia ese colectivo.

La OMS en la resolución WHA67.19 de 2014 instó a los estados miembros a «aplicar políticas de cuidados paliativos basadas en criterios científicos, costoeficientes y equitativos, reconociendo que este tipo de asistencia es fundamental para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas y reforzar su dignidad humana».

Por otro lado, sigue sin existir una política oficial de ayuda eficiente a las madres con embarazo conflictivo. «Es infinitamente mayor el gasto que dedica el Estado (incluyendo todas sus instituciones) a financiar abortos que a ayudar a la maternidad. Lo que debería ser una obligación estatal en una sociedad que se considera solidaria se delega en ONGs privadas, tres de las cuales actúan en nuestra provincia: ADEVIDA, Fuente de Vida (Adoratrices) y RedMadre», apuntan desde la plataforma.

Aunque este año han renunciado a su tradicional encuentro, desde la plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida reclaman al estado y a las diferentes administraciones pública leyes y medidas eficaces de apoyo a la mujer con embarazo conflictivo, «para que la posibilidad real de opción de ésta no se limite a eliminar al ser que lleva dentro»; la paralización del actual proceso de legalización de la eutanasia, la implantación en el Sistema Nacional de Salud de una Ley de Cuidados Paliativos que garantice «universalmente y con criterios científicos» este tipo de asistencia y por último, medidas presupuestarias y administrativas suficientes para aplicar correctamente la Ley de Dependencia, «disminuyendo así el sufrimiento que genera en pacientes dependientes la sensación de constituir una carga para sus seres queridos».