El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy, para ser remitido al Congreso,  al informe sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia y que pretendía tener los datos precisos y legales de las propiedades que la Iglesia habría inmatriculado gracias a la reforma de la ley hipotecaria del Gobierno de Aznar en 1996. 

Entre las propiedades que se han analizado en el informe, se contabilizan 20.055 espacios sagrados -iglesias e inmuebles complementarios-, además de otras 14.906 fincas que corresponderían a viviendas, locales, terrenos y solares. El estudio especifica que la gran mayoría, 30.335 bienes, se habrían registrado con una certificación eclesial a través de notas simples, y 4.583 han sido inscritas mediante otro tipo de documentos. El informe además añade que “de los informes recabados del Colegio Oficinal de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España a este respecto no se puede concluir que existan inmatriculadas fincas a favor de la Iglesia sin mediar el necesario título material a su favor”

La normativa entre 1998 y 2015, según se señala en el documento conocido hoy, establecía “la necesidad de título material para la inmatriculación de bienes de la Iglesia” y que no bastaba la mera certificación con la firma del obispo, sino que debía contener, en todo caso, “indicación del título de adquisición o el modo como fueron adquiridos los bienes de cuya inmatriculación se tratase”, para concluir que «no puede afirmarse que los bienes o derechos reales inscritos a favor de la Iglesia carecieran de título material de adquisición”.

Un informe que ha sido supervisado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, que ha manifestado que  «lo que la modificación de la ley de 1996 permitía en la ley hipotecaria es lo que ha hecho posible que con la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente se pudieran hacer estas inmatriculaciones al amparo de la legalidad”. Más allá de discrepar con la reforma de aquel gobierno de Aznar, la vicepresidenta ha reconocido que «se produce a la luz de la legalidad». 

La Mezquita Catedral

Este informe nos obliga mirar hacia Córdoba y a las campañas que desde el PSOE, Izquierda Unida y diferentes colectivos amparados por estas formaciones políticas han llevado a cabo en los últimos años para poner el duda la legalidad respecto a la propiedad de la Iglesia sobre el primer templo de la diócesis. Argumentos como «La Iglesia se quedó con la propiedad de la Catedral por 30 euros», o que » la Iglesia se ha apropiado de la Catedral de Córdoba ya que es un bien público» han sido rebatidos jurídicamente uno tras otro. 

La verdad es que la Mezquita Catedral ha sido el oscuro objeto del deseo de los partidos de izquierdas, que emplearon todo tipo de esfuerzos y falacias para conseguir su control y gestión. Una gestión impecable que lleva a cabo el Cabildo, que un año más ha dado cuenta de ello a través del Portal de Transparencia que ayer mismo publicaba haciendo balance del año 2020. 

«Una buena noticia»

Tras conocer el informe de Moncloa, el Cabildo ha emitido un comunicado en el que reconoce a dicho informe como «una buena noticia» y » confía en que por el bien de la Mezquita-Catedral de Córdoba se ponga fin a todos los ataques y polémicas que se han venido produciendo contra el templo en los últimos años». En el mismo añaden que «desde hace varios años el Cabildo viene reiterando que el templo es propiedad de la Iglesia desde 1236, algo que ya había sido reconocido por diferentes estamentos a nivel nacional e internacional y recuerdan, entre otros aspectos que «el juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba reconoció en junio de 2015 que la Mezquita-Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia desde 1236, y desde entonces, ha sido poseída por la Iglesia Católica de manera pública, pacífica e ininterrumpida».

Así mismo informan una vez más que «un informe de la asesoría legal del propio Ayuntamiento de Córdoba en 2016 estableció que la Mezquita-Catedral nunca había formado parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba».

De nuevo conviene aclarar qué es una inmatriculación

Si de algo ha servido la polémica de estos años ha sido para conocer mejor figuras jurídicas de la propiedad como el de la ‘inmatriculación’. El Cabildo no duda en recordarlo una vez más: » Respecto a la figura jurídica de la inmatriculación, el Cabildo quiere aclarar que hasta 1998, la legislación española no permitía inscribir en el Registro de la Propiedad ningún templo católico abierto al culto público. Se daba por hecho la titularidad por parte de la Iglesia de todas sus posesiones, pero no se le permitía su inmatriculación, es decir, registrar la titularidad de una propiedad que ya poseía. En ese sentido, la inmatriculación no supone un cambio de propiedad o una compra, sino simplemente inscribirlo en el Registro. Por tanto, la inmatriculación del templo, producida en 2006, consistió en dar publicidad a la titularidad de una propiedad que ya se poseía, en este caso desde 1236″.

El comunicado concluye recordando que  el Cabildo «es una institución abierta a la colaboración con las instituciones en materia turística y cultural para el impulso de distintas actividades que repercuta en el bien de la sociedad cordobesa.  A esto hay que añadir toda la labor de ayuda a los más desfavorecidos que realiza el Cabildo».