Unos convenios firmados durante el anterior mandato municipal con dos entidades financieras hizo que Vimcorsa asumiera y pagara el alquiler a unos pisos que ya estaban ocupados. Esta situación, a la que se llegó en un procedimiento con «importantes irregularidades», según dos informes jurídicos, está en proceso de reconducción por parte del actual presidente de la empresa municipal de vivienda, Vimcorsa, Salvador Fuentes.
Fuentes ha explicado que en la actualidad hay 15 procedimientos iniciados contra estos inquilinos ‘tóxicos’ a los que Vimcorsa paga mensualmente el alquiler de la vivienda okupada. De momento se han celebrado dos juicios, en uno de ellos se ha ganado en primera instancia, pero los ocupantes han recurrido y en el otro caso se le ha dado la razón a la familia y se está tramitando su regularización.
Hasta el momento, Vimcorsa sólo ha ejecutado un lanzamiento de un caso de los ‘tóxicos’, a la vez que hay cuatro demandas que fueron retiradas al alcanzarse un acuerdo con las familias. A todo esto hay que sumar otros ocho procedimientos que se encuentran iniciados.
Fuentes ha dejado claro que en este caso de inquilinos ‘tóxicos’ «no vamos a echar a nadie», pero sí a regularizar una situación que está viciada desde la firma de los contratos. Los lanzamientos que se produzcan se deben a que «tiene a la comunidad alarmada, tiene denuncias de los vecinos o se están haciendo cosas que son irregulares y crean inseguridad”, como en su día se acordó con colectivos como Stop Desahucios.
Vimcorsa encarga informes jurídicos
Los informes jurídicos que encargó Fuentes al llegar a Vimcorsa sobre los acuerdos firmados en el anterior mandato con La Caixa se reconoce que en el mismo “se acuerdan extremos que entendemos sobrepasan los fines previstos”. Por ejemplo, Vimcorsa asume el usufructo de quienes ocupan las viviendas y, de otra, se acuerda pagar a la entidad bancaria 75 euros por piso y mes “a fondo perdido”, lo que supone una obligación económica que no está contemplada en el presupuesto de Vimcorsa.
Por si fuera poco, en estos convenios se recogía también que la empresa municipal se comprometía a pagar “todos los gastos de obras de adecuación, reparaciones, gestión y administración, IBI o cualquier otro gasto e impuesto de constitución, modificación y cancelación del usufructo de las viviendas, así como el deber de devolverlas en perfecto estado de conservación y habitabilidad”.
Además de las condiciones contempladas en sendos contratos con Sareb y La Caixa, los informes jurídicos detectaron otra irregularidad en la que estaba implicada directamente la anterior presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas. Esta concejal de IU firmó con la Sareb “representando al Ayuntamiento”, cuando esta cualidad le correspondía en aquel momento a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, por lo que la concejal de IU “no tiene la representación institucional de dicha corporación”.
El convenio se firmó el 17 de mayo de 2019, en plena campaña electoral, y cuando se presentó a la prensa no se explicó el contenido real ni se facilitó copia del mismo. Además, un informe jurídico recoge que “la realidad es que, este convenio ni ha sido llevado a aprobación por el Consejo de Administración de Vimcorsa, ni tan siquiera se ha dado cuenta de su firma posteriormente”, por lo que se le ocultó a los consejeros.
Doblas respondió a estos informes jurídicos afirmando que lo que recogen son «cuestiones peregrinas» que, además, son «subsanables», en su opinión.
