Un grupo de jóvenes estudiantes cordobeses permanecen aislados -y bajo custodia policial- en Mallorca por el Gobierno de Baleares, por haber sido relacionados con el macrobrote de coronavirus. Una situación en la que hay menores implicados y en la que todo se antoja confusión y un cierto caos entre las administraciones públicas con competencias sanitarias.

Pero de ese desconcierto se ha comenzado a pasar a la adopción de medidas contra el Ejecutivo de las Islas. Primero se ha presentado una denuncia por lo penal contra la directora general de Salud Pública de la comunidad, María Antonia Font, por detención ilegal de los menores. Y, posteriormente, como ha podido saber La Voz, la agencia que ha gestionado el viaje de los alumnos cordobeses ha recomendado a los padres que “la solución más rápida y efectiva es la solicitud de un Habeas Corpus”.

En ese sentido, desde la empresa se ha indicado que “para poder llevar a cabo esta gestión, vamos a solicitar en el Juzgado de Guardia de Palma el inicio del procedimiento de oficio por parte del Juzgado”, una vez tengan la solicitud cumplimentada por los padres de los estudiantes afectados. Con la solicitud de Habeas Corpus se pretende que el juez dictamine, en un plazo de 24 horas, si esa presunta detención practicada con los alumnos sería legal o ilegal.

Alumnos cordobeses confinados en Mallorca ante el caos administrativo de las Comunidades Autónomas