El denominado caso Infraestructuras no es el único en la historia del Ayuntamiento de Córdoba. A lo largo de los años se han sucedido varios casos, de todos los colores, pero el grueso de ellos salpica, curiosamente, a formaciones políticas de la izquierda, que son los que en estos días se erigen en paladines de la pulcritud en la gestión pública; es decir, IU y PSOE, ya que Podemos no se ha estrenado hasta este mandato en Capitulares y en la oposición.

Estos casos de corrupción de IU y PSOE han tenido diverso recorrido, ya que solo uno ha terminado en sentencia firme y otros han sido archivados en la vía penal, aunque reconociendo la existencia de irregularidades administrativas y otros han sido derivados desde la Fiscalía hasta el Tribunal de Cuentas.

El denominador común de ellos es que, salvo el primero, el que condenó al alcalde Herminio Trigo, han contado con su preceptiva comisión municipal de investigación. Éste es un resorte político que busca que los casos investigados no pierdan su parcela de actualidad, que ocupen su espacio en los medios, mientras se busca una culpabilidad que muchas veces no es ratificada por los tribunales.

Como se decía, de todos los casos, el único que terminó en condena firme fue el protagonizado por alcalde de IU Herminio Trigo, quien en 1994 fue condenado a seis años y un día de inhabilitación especial por prevaricación, consistente en la contratación como funcionario interino al director del Gran Teatro.

El regidor no sólo fue imputado, sino que llegó a sentarse en el banquillo y a recibir su condena de la Audiencia Provincial sin dejar el cargo. Más tarde dejaría la Alcaldía en manos de Manuel Pérez, mientras el Tribunal Supremo resolvía su recurso, que rechazó, por lo que la condena se elevó a firme. Poco después fue indultado en abril de 1996 por el Gobierno de Felipe González a pocos días de que tomara posesión José María Aznar, quien ya había ganado las elecciones.

Otros casos

La compra de unas cortinas y la renovación de unas tapicerías desencadenó en 2010 otro de los casos más sonados en el Ayuntamiento. La entonces concejal de IU Rosa Candelario fue señalada por contratar el servicio con una empresa de la que su hermano era consejero delegado. El desgaste político fue mayor que el resultado en los tribunales, ya que la Fiscalía archivó la denuncia presentada por el PP al no encontrar ni delito de tráfico de influencias ni de negociaciones prohibidas a funcionarios. En el archivo quedó, eso sí, el reproche de la concejal tenía que haberse abstenido en el proceso, algo que queda en el terreno administrativo y no en el penal, que era el que se dirimía.

En 2011 estalla otro de los casos, el denominado caso Imdeec. Aquel año llega el PP al poder municipal con mayoría absoluta y se encuentra con una serie de irregularidades en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo que implicaban tanto a IU como al PSOE, por haber dirigido este organismo durante el anterior mandato, que fue de coalición entre ambas formaciones.

Entre las irregularidades detectadas figuran el cobro de pluses que no estaban contemplados en el convenio, así como determinadas contrataciones que vulneraban los principios constitucionales de igualdad, mérito y publicidad. La comisión de investigación determinó la responsabilidad de los dos anteriores presidentes del Imdeec, que eran de IU y PSOE, y una vez llegó a la Fiscalía ésta lo rebotó al Tribunal de Cuentas. 

La anécdota del caso Imdeec la protagonizó el portavoz de UCOR, Rafael Gómez, quien en el momento de votar las conclusiones de la comisión de investigación dio un giro a la postura mantenida hasta entonces por su grupo y votó lo contrario de lo que habían votado sus concejales en el órgano investigador.