
No es la primera vez que hay conflicto sobre la liquidación de las asignaciones que cada grupo municipal recibe en el Ayuntamiento. Unas veces se atienden las alegaciones, si son ajustadas a Derecho, y en otras ocasiones toca devolver una determinada cantidad. que puede llegar a los 50.975 euros, como le ocurrió el año pasado al PSOE. En este caso, el grupo municipal de IU no se ha dado por satisfecho con la resolución que ha tenido la liquidación de sus cuentas de 2018 y la ha impugnado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1.
Para entender lo que son las asignaciones de grupo hay que explicar que corresponden a la cantidad que se recibe mensualmente para sus gastos de funcionamiento en función del número de concejales que se tenga. La última vez que se actualizaron las cantidades fue al inicio del mandato de Isabel Ambrosio como alcaldesa y se fijaron 100 euros fijos al mes más 813,54 euros por cada edil, lo que para IU arroja una cantidad de 3.354,16 euros cada mes.
Al final de año hay que justificar cada céntimo que se haya gastado, y que no se puede destinar a cualquier fin, ya que esta cuestión también está rígidamente fijada con antelación. Por ejemplo: cada grupo puede gastarlo en folios, viajes, comidas o comisiones bancarias, pero todo hay que detallarlo convenientemente. También está contemplado que se destine una cantidad a la organización política correspondiente.
El grupo de IU presenta alegaciones
La liquidación de estas cuentas es donde surge el conflicto, del que no se ha librado prácticamente ningún grupo político en los últimos años. En este caso, IU recibe de la Intervención general un informe en el que dice que tiene que devolver una determinada cantidad por no estar debidamente justificada. Tras la presentación de las correspondientes alegaciones por parte del grupo de IU, el órgano fiscalizador eleva a definitivo su informe y fija en 13.256,99 la cantidad que debe retornar a las arcas municipales.
Cuando esta liquidación, junto con la de otros grupos municipales, fue abordada por el Pleno, en junio de 2012, IU presentó unas alegaciones que no fueron atendidas bajo el argumento de que este trámite ya se cumplió con el primer informe de Intervención y por este motivo es por el que impugnan ante el Juzgado el acuerdo plenario que lo eleva a definitivo.