“Calculamos que al año se llevan a cabo unos 1.200 abortos en Córdoba”. La cifra la ofrece Isabel Pinaglia, portavoz de la plataforma cívica Córdoba por el Derecho a la Vida. “Plataforma cívica y aconfesional”, destaca Pinaglia, como recordatorio a toda la sociedad civil de que la vida es un derecho fundamental que no solo defiende la Iglesia.

Por segundo año consecutivo se han visto obligados, debido a la pandemia, a suspender el acto que cada 28 de diciembre celebran en la Plaza de Capuchinos. Hubiera sido la undécima concentración, pero el repunte de contagios lo ha impedido. El virus no ha mermado en cualquier caso el ánimo del grupo de mujeres y hombres que tres veces en semana se dan cita a las puertas de la clínica abortiva de Córdoba precisamente los días en los que se practican las eufemísticamente llamadas ‘interrupciones voluntarias del embarazo’. Según datos del Ministerio de Sanidad, durante 2020 se produjeron en España 88.269 abortos, un 10,97% menos que en 2019. Unas cifras estadísticas que empañan fríamente la tragedia que conlleva un acto de estas características y que según señalan desde le plataforma, “marcan para siempre la vida de la mujer que aborta”. Es por ello que una de las reivindicaciones que vuelven a presentar en esta ocasión es sobre la ausencia de un plan nacional de apoyo a la mujer con embarazo conflictivo. “Hasta el momento las ayudas vienen de ONG y solo algunos ayuntamientos y comunidades autónomas presupuestan partidas económicas a todas luces insuficientes”, declaran desde la plataforma.

La ‘ley de plazos’

El primer punto que destacan en este 28 de diciembre es “el retraso incomprensible del Tribunal Constitucional para resolver el recurso sobre si la ley del aborto es constitucional o no”.  Hay que recordar que en 2010, el Partido Popular presentó dicho recurso un mes antes de que entrara en vigor la conocida como ‘ley de plazos’ impulsada por el gobierno socialista de Zapatero, recurso en el que pedía al Tribunal Constitucional que revisara, entre otros, el artículo 12, que garantiza el acceso al aborto; el 13.4, que se refería a las menores de edad; y el 14 y 15, que determinaban los plazos de 14 y 22 semanas en los que se puede abortar. Pero el alto tribunal denegó la suspensión de la ley y desde entonces no ha dictaminado sentencia ni se ha pronunciado al respecto en estos 11 años.  En el pasado mes de julio dos exdiputados del PP y una diputada de Vox que pertenecía al partido de los populares en 2010 denunciaron al TC ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por “dilaciones indebidas en un proceso judicial”.

La reforma del Código Penal

Otra de las polémicas que se han suscitado durante 2021 ha sido la reforma socialista del Código Penal que castiga a los grupos provida que se colocan a las puertas de las clínicas abortivas para informar y ofrecer alternativas. El PSOE (y los lobbies abortistas) han introducido la figura del ‘acoso’ ya que entienden que se ‘hostiga y coarta’ a las mujeres que acuden a estos centros. Puede conllevar la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos comunitarios.  Una reforma a la que se han opuesto PP y VOX porque consideran sectaria dicha reforma y sobre todo porque entienden que no se coarta el acceso a las clínicas de las mujeres que optan por ello, sino que simplemente se les informa de las alternativas. Desde ambos grupos políticos además recuerdan que el CP ya tipifica la coacción y penaliza la misma.

Un mal año

2021 ha visto también la entrada en vigor de la ley de eutanasia, lo que no deja de ser paradójico en medio de una pandemia con tantas medidas sanitarias para salvar vidas. La plataforma denuncia esta nueva ley que “no se ha visto implementada con unos servicios de cuidados paliativos de calidad en toda la red sanitaria”. Así mismo recuerdan que se “pone en tela de juicio el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud”.

No obstante, desde Córdoba Por el Derecho a la Vida se muestran satisfechos por la labor realizada conjuntamente con asociaciones como Red Madre o Adevida, un trabajo que ha salvado la vida de 45 niños desde 2018 – ellas hablan de bebés- además de los denominados ‘rescates’ – a las puertas de la clínica, precisamente- que en este año y hasta noviembre han sido 12.

“Ninguna madre se ha arrepentido de tener a su hijo” especifica otra miembro de la plataforma, Mariví Palop. Lo dice sonriente en el patio del Círculo de la Amistad en el que han presentado el balance y las intenciones de  seguir desarrollando actividades “para continuar difundiendo y promoviendo la cultura de la vida”. Y para recordar que los inocentes no están solos.