Uno de los pocos puntos del orden del día que generaron debate en el Pleno del pasado jueves fue la aprobación de un aval de 1,3 millones, concedido por Cajasur, para poder recurrir la sanción impuesta por la Agencia Tributaria en la misma cuantía. El asunto salió adelante con los únicos votos favorables de PP y de Ciudadanos, ya que el resto de grupos políticos se abstuvieron.
Al día siguiente se presentaba este aval ante la Agencia Tributaria que, en primer lugar, suspende temporalmente la ejecución de la multa, y también permite a Aucorsa pedir la suspensión de la sanción, como ha explicado el presidente de esta empresa municipal, Miguel Ángel Torrico.
La reclamación de este dinero se remonta a diciembre del pasado año, cuando se notificó la sanción. El plazo voluntario para abonarla finalizaba el 20 de enero de 2022 y un día antes solicitó Aucorsa la suspensión de la deuda, aportando un compromiso de aval por parte de Cajasur, que iba a ser tramitado y aportado como aval.
La portavoz de Vox, Paula Badanelli, criticó el jueves que no se hubiera informado a los consejeros de Aucorsa sobre la tramitación de un aval que «se ha solicitado por vías no formales, sin ningún tipo de criterio con las entidades bancarias, no sabemos si es la entidad correcta o el tipo de oferta». Por esto, anunció que en todas las reuniones del Consejo de Administración va a solicitar información sobre esta operación hasta que se le facilite.
Transcurrido más de un mes, el 22 de febrero, la Agencia Tributaria vuelve a notificar a Aucorsa que tiene una liquidación pendiente y que aún no había aportado la garantía necesaria para que la suspensión surtiera efecto.
No sólo afecta a Aucorsa
Ante esta situación, daban el plazo de diez días hábiles para que se materializara el aval y así fuese definitivamente efectiva la suspensión, ya que en caso contrario la solicitud sería archivada y se consideraría como no presentada. Por esto, el viernes, casi a punto de finalizar el plazo concedido, se cumplía lo pedido por la Agencia Tributaria.
Torrico ha restado importancia a estos hechos y ha afirmado que «no es nada nuevo». En su opinión, se trata que es algo que afecta «a todas las empresas de transportes de España», ya que se reduce a una cuestión de interpretación de la norma. «Defendemos que una transferencia del Ayuntamiento a la empresa no puede computársele el IVA», ha añadido.
