La información reservada que se le encargó al secretario del Pleno, Valeriano Lavela, sobre algunas cuestiones del denominado caso Infraestructuras no tiene para el alcalde, José María Bellido, mayor validez ni interés desde el momento en que esta cuestión comenzó a ser investigada por un Juzgado de Instrucción. Esta fue una de las medidas puestas en marcha desde el gobierno municipal como respuesta a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por IU y Podemos sobre determinados contratos realizados en esta delegación.
Por este motivo, el regidor ha apuntado que el cruce de acusaciones ente el secretario de Pleno y el jefe de la Asesoría Jurídica y la interventora municipal, apuntado la pasada semana por Cordópolis, «es algo muy antiguo» ya que ha explicado que se resolvió de inmediato y que su origen estaba en el Decreto que ordenaba esa investigación reservada, que «era bastante ambiguo», por lo que podía provocar «distintas interpretaciones respecto al ámbito y al contenido de la información reservada».
En abril, que es cuando se produce el cruce de escritos entre los altos funcionarios municipales, ha explicado Bellido que «el secretario del Pleno nos dirige al gobierno local que le aclaremos cuál es el contenido exacto de esa información reservada, se le aclaró y desde ese momento no volvió a haber más incidencias ni más problemas«.
Al abrir la Fiscalía de la Audiencia Provincial una investigación sobre esta misma materia, la investigación reservada del secretario del Pleno no avanzó más. El 1 de abril Lavela emitió un informe preliminar de 109 folios, al que ha tenido acceso La Voz de Córdoba, en el que analiza una serie de contratos tanto de este mandato como de anteriores y señala «la comisión de posibles infracciones penales de alteración del precio de las cosas y de manipulación del mercado así como de prevaricación, estafa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos». Todo ello, según este informe preliminar, habría causado a las arcas municipales un perjuicio de 418.217,15 euros.
Bellido ha justificado la paralización de este trabajo, ya que «no tiene sentido que alargáramos una investigación interna, porque no tiene los mismos medios ni los mismos fines que una investigación de carácter penal y que, en cualquier caso, una vez que entra en el ámbito penal todas las actuaciones disciplinarias se tienen que quedar paralizadas».
La lectura política que hace Bellido de este capítulo es que «la oposición se equivoca en querer aprovechar esas discrepancias entre altos funcionarios y creo que eso no es bueno«. Desde el gobierno municipal, ha añadido, «hemos hecho todo lo contrario, hemos trabajado con ellos, hemos buscado las fórmulas para que la interpretación quedara clara para todos y desde el mes de mayo hasta agosto, en que estamos, no ha habido más discrepancias ni en ése ni en ningún otro ámbito».
