Han pasado cinco años y, pese a haber sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Córdoba, el denominado ‘Crimen de La Chica’ aun tiene recorrido. Esto tras haber recurrido, el principal acusado (condenado por un jurado popular a 28 años de prisión), el fallo que lo condenaba por delitos de robo con violencia, estafa y asesinato al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Fue en 2017 cuando se produjo el desenlace de los terribles hechos, que devinieron en la muerte de Juan Carlos Rodríguez, de 45 años. Se da la circunstancia de que la víctima padecía esquizofrenia paranoide y tenía reconocida la situación de incapacidad permanente absoluta para desempeñar cualquier trabajo.
El relato del crimen comienza, según los hechos que la sentencia de la Audiencia Provincial considera probados, con el principal acusado haciéndose pasar por cura. A su vez, el ahora recurrente tuvo como cómplice, para los delitos de estafa continuada, a un abogado. Del resto, el letrado fue absuelto.
Los hechos
El jurado dio por probado que Juan Carlos padecía de esquizofrenia paranoide y tenía reconocida la situación de incapacidad permanente absoluta para desempeñar cualquier trabajo, percibiendo por ello una pensión de unos 1.500 euros mensuales, «careciendo de apoyo familiar directo», pero agregando que «tenía noción de las situaciones básicas de peligro físico y capacidad de auto defensa».
Al respecto, Juan Carlos, «por tener la idea de haber sido objeto de abusos sexuales durante su infancia», contactó a través de Internet con el abogado acusado para que éste ejercitase acciones penales, de manera que «percatándose de la enfermedad mental y con intención de beneficiarse a costa de éste, aceptó el encargo profesional, y para sostener ese engaño puso en contacto a la víctima con uno de sus clientes, al que había defendido por su implicación en delitos varios, para que este representara la labor de un pretendido investigador».
El falso cura
De este modo, relatan que «sumida en el engaño que provocó la trama ideada por el letrado, la víctima hizo varias transferencias entre el 1 de marzo y el 12 de junio de 2017, por importe de 9.680 euros, incluyendo como concepto en alguna de ellas ‘provisión de fondos para el investigador’», de ahí que consideren que dicho acusado es «culpable de la estafa».
Por su parte, el cliente del abogado que hizo la labor de «pretendido investigador» y había sido condenado por un delito anterior, «se hizo pasar por sacerdote del Arzobispado de Madrid, mantuvo contacto telefónico en reiteradas ocasiones y se presentó en el domicilio de Juan Carlos, donde permaneció varias horas entre los días 5 y 6 de julio de 2017, sosteniendo el engaño ideado con otra persona, a fin de hacerle creer que trabajaba para la víctima en la preparación de una determinada denuncia, para que éste pagara honorarios por un trabajo inexistente».
“Apoderamiento mediante engaño”
Con esta actuación «engañosa», el procesado consiguió que el entonces perjudicado transfiriese los 9.680 euros referidos al abogado, a la vez que «consiguió que la víctima hiciese actos de disposición patrimonial en su perjuicio, para obtener un beneficio ilícito», considerlándolo «culpable del apoderamiento mediante engaño» en la referida cantidad.
La detención
Además, precisan que «dicho acusado para apoderarse de cuantos objetos de valor encontrara en casa de Juan Carlos decidió acabar con su vida, lo que llevó a cabo entre los días 3 y 5 de septiembre de 2017, para lo que se desplazó a su domicilio», según asegura el jurado, que remarca que «la muerte fue intencionada y violenta», y «en la madrugada del 7 de septiembre, valiéndose de utensilios adquiridos previamente, enterró el cadáver de su víctima en el patio de la casa», donde fue hallado el 12 de agosto de 2018, seis meses después de que su asesino fuese detenido en Madrid, cuando circulaba con el coche de la víctima.
Se le intervinieron tarjetas bancarias y el permiso de conducir, tarjetas sanitarias, una cartilla de banco, el pasaporte y ordenadores de Juan Carlos, de los cuales «se apoderó, una vez perpetrada con esta intención la muerte», al tiempo que «realizó varias extracciones de efectivo», por más de 7.000 euros, y dispuso de varias extracciones de un préstamo preconcedido por 30.000 euros.
