Pagar por beber agua es algo que se practica en la provincia de Córdoba, gracias a las tasas que aplica la empresa provincial de aguas, Emproacsa (que depende en estos momentos del PSOE). Las mismas han ido subiendo en los últimos años, apoyadas en el mantra de que servirán para mejorar las infraestructuras hidráulicas, pero la realidad es que esas mejoras no han debido ser sensibles, puesto que no han servido para evitar restricciones del líquido elemento en varios municipios.

Con esa perspectiva, el Gobierno andaluz se está planteando suprimir el canon del agua y eso, nada más ser apuntado, ha desatado la ira del PSOE, que ha hecho de la recaudación masiva de impuestos un modus operandi y un modus vivendi.

Solo hay que ver, como muestra, la respuesta del ministro de Agricultura del Gobierno de España, el socialista Luis Planas, que ante los periodistas en Córdoba se ha cuestionado, «¿cómo va a pagar las obras hidráulicas?» que son de su competencia, o es que quizás «no habrá obras hidráulicas», o bien que «se le va a pedir a Madrid o a la Unión Europea (UE) que dé el dinero que la Junta de Andalucía no quiere recaudar». 

“Los socialistas somos de los que creemos que todos tenemos que contribuir un poquito para tener servicios de primera calidad”, señalaba la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, sobre la posible supresión del canon del agua. Seguramente, porque esa “solidaridad” es la que permite que las empresas públicas que gestionan no quiebren.