Una operación conjunta entre la Policía Nacional en Córdoba y La Línea libera a siete mujeres obligadas a la explotación sexual


Los detenidos son cuatro individuos de origen colombiano y dos de origen español, que estaban asentados en la localidad de Los Barrios

Agentes de la Policía Nacional han liberado a siete mujeres víctimas de explotación sexual y han detenido a seis personas a las que se les atribuye los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, prostitución, delito contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores.

La investigación se inició el pasado mes de febrero en una operación conjunta entre agentes de la Policía Nacional en Córdoba y en La Línea de la Concepción, cuando tuvieron conocimiento de las condiciones a las que eran sometidas las mujeres que ejercían la prostitución en un domicilio situado en la localidad gaditana de Los Barrios.

Captaban a las víctimas en sus países de origen

Las mujeres víctimas de esta organización criminal habían viajado a España siendo conocedoras de la actividad que iban a desarrollar. Sin embargo, las condiciones bajo las que eran captadas diferían notablemente de las que en realidad se encontraban al llegar a España, siendo obligadas a trabajar sin ningún tipo de decisión por su parte y viviendo en condiciones insalubres en un garaje anexo a la vivienda donde ejercían la prostitución, no permitiéndoles salir a la calle.

Los agentes encargados de la investigación realizaron todo tipo de gestiones para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos autores, estableciendo un operativo para su localización que culminó con la detención de una pareja de origen español, quienes principalmente controlaban toda la trama, además de cuatro personas de origen colombiano que colaboraban en el traslado de las mujeres recién llegadas a nuestro país.

Se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, prostitución, delito contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores, pasando a disposición de la Autoridad Judicial competente.