Si en la jornada de este lunes el edil de Cs, Antonio Álvarez, explicaba el nuevo mecanismo de control que había revisado el Ayuntamiento de la Delegación de Infraestructuras, por un importe inferior a 3.000 euros, este martes ha sido el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), quien ha valorado la situación.

El regidor ha recordado que, “nosotros, a raíz de la situación que se vivió y se sigue viviendo, hemos realizado más controles”. En este sentido, Bellido ha insistido en que se adoptó la decisión que el umbral se rebajara  también a las facturas de hasta 3.000 euros (la ley no obliga a ello) y hasta los 500. 

Con esa medida y con las posibles irregularidades que se habrían detectado, “se demuestra que empiezan a funcionar esos controles. Hemos comenzado a detectar esas (supuestas) irregularidades”. De modo que, como ha señalado el primer edil de la capital, se ha iniciado un “doble camino”. 

Así, hay uno “interno nuestro”, que consiste en “hacer una información reservada para poder determinar si hay responsabilidades”. Y, por otro lado, “dar traslado de estas circunstancias” a las autoridades competentes, a fin de que depuren responsabilidades, si las hubiera. 

Bellido ha abundado en que todo se está realizando con “absoluta transparencia”, ya que, a su juicio, “los ciudadanos merecen ser informados”. Así mismo ha definido la situación como “triste”. Esto para recalcar que “nosotros estamos en absoluto control para que estas circunstancias no se den”. Y ha reconocido que “me sorprende que (a estas alturas) haya personas que puedan hacer este tipo de actuaciones”.