El Sindicato de Enfermería (Satse) está pidiendo a los partidos políticos con representación en los parlamentos autonómicos que presenten una Proposición no de Ley o moción en la que se reclama al Gobierno de España que impulse una Ley estatal que garantice una dotación adecuada de enfermeras y enfermeros en todos los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios.
En el texto de la iniciativa parlamentaria, que Satse ha elaborado y que confía que los partidos con representación en los parlamentos autonómicos hagan suya y la lleven a su debate en Pleno, se pide, en concreto, que el Gobierno regional inste al Ejecutivo nacional a que impulse la aprobación en las Cortes Generales de una Ley estatal que determine un número máximo de pacientes asignados a cada enfermera, asegurando así que todos los ciudadanos serán tratados con los mismos niveles de cuidados, independientemente del lugar en el que residan.
Esta iniciativa del Sindicato de Enfermería se incluye dentro de la campaña
“La Sanidad que merecemos. Ley de ratios enfermeras”, que puso en marcha a finales del pasado año con el principal objetivo de asegurar la calidad y seguridad de la atención a los ciudadanos y pacientes.
Para ello, y después de pedir el apoyo de los partidos políticos con representación en los ayuntamientos y diputaciones provinciales, el Sindicato espera ahora contar con el respaldo de los parlamentos autonómicos a su Iniciativa Legislativa Popular que quiere que sea debatida en unos meses en el Congreso de los Diputados.
En la PNL o moción se recuerda que nuestro sistema sanitario no cuenta, en la actualidad, con una legislación específica que regule la asignación de un número determinado de pacientes a los enfermeros y enfermeras, y, por ello, en cada autonomía se ha establecido el número de profesionales en sus plantillas en atención a diversos criterios asociados, principalmente, a la necesidad de reducir el déficit público y no tanto al interés de mejorar la calidad y la seguridad en la prestación de cuidados y de la asistencia sanitaria.
Según el estudio “Análisis de la situación de las enfermeras y enfermeros en los centros sanitarios del país”, en nuestro país se necesitan más de 131.000 enfermeras y enfermeros en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios de nuestro país, para alcanzar, al menos, la media de la Unión Europea, ya que tiene 5,3 enfermeras por 1.000 habitantes cuando la media europea está cerca de 9 enfermeras por 1.000 habitantes.
Estas ratios enfermera-paciente suponen un riesgo directo sobre la vida de los ciudadanos, aumentando de forma clara, según las evidencias disponibles, su mortalidad y su morbilidad, e incrementan el coste sanitario por el aumento de las estancias hospitalarias y el consumo de otros recursos, se recalca en la iniciativa parlamentaria propuesta por el Sindicato.
Una realidad a la que hay que añadir los altos índices de temporalidad que precarizan la actividad laboral y asistencial que prestan las enfermeras y enfermeros, señala Satse, apuntando que todo ello ha contribuido al empeoramiento de las condiciones de trabajo que sufren los profesionales y a unas altísimas tasas de estrés y de burn out (profesional quemado).
Asimismo, el Sindicato de Enfermería pone el acento en la necesidad de dar una respuesta al envejecimiento progresivo de la población en España y al aumento de la cronicidad de numerosas patologías a través de un número suficiente de enfermeras y enfermeros en los hospitales, centros de salud y otros centros sanitarios y sociosanitarios con el fin de garantizar la calidad de los cuidados, la seguridad de los ciudadanos y la sostenibilidad del propio sistema sanitario y socio sanitario.
Por todas estas razones, Satse confía en una rápida respuesta por parte de los distintos partidos políticos y que presenten esta Proposición no de Ley o moción como inequívoca muestra de su compromiso con la mejora del Sistema Nacional de Salud, con el fin de dotarlo del número suficiente de enfermeras y enfermeros, entendiendo, además, que supone una clara inversión generadora de importantes retornos económicos, sociales y de salud de la población.