El sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que el último análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) deja a España muy mal parada en cuanto al número de enfermeros, ya que sigue “a la cola” de los países estudiados y muchos de ellos tienen economías más pobres pero cuentan con un mayor número de estos profesionales para atender mejor a sus ciudadanos.
El último análisis Health Statistics de la OCDE concluye que España se encuentra en el puesto 19 de los 24 países analizados, al contar con cinco enfermeros por 1.000 habitantes, situándose solo por encima de Grecia, Letonia, Israel, México y Polonia. En los primeros puestos se encuentran Noruega y Suiza, con 17 enfermeros por 1.000 habitantes; Islandia, con 14; Alemania, con 12, y Australia y Luxemburgo, con 11. La media de los países analizados es de cerca de nueve enfermeros por 1.000 habitantes.
Se da la circunstancia, además, de que algunos de estos países que han hecho un mayor esfuerzo inversor para contar con una mayor ratio de enfermeras por paciente se encuentran muy por debajo de España en el listado de economías mundiales elaborado por el Fondo Monetario Internacional. Mientras España se encuentra en el puesto 13 del mundo, según su PIB nominal, Islandia está en el puesto 109, Luxemburgo, en el 72 y Noruega en el 31.
Lo mismo ocurre con otros países sobre los que OCDE constata que tienen un mayor número de enfermeros por habitante que España. Es el caso de Eslovenia, que tiene nueve y ocupa el puesto 83 en la lista del Fondo Monetario Internacional, la República Checa, con ocho enfermeros por 1.000 habitantes y está en el puesto 46, Lituania, con 7 y el puesto 83, o Estonia, con 6 y el puesto 99.
Los datos aportados por la OCDE también reflejan que España lleva desde 2010 con la misma ratio de enfermeros por habitantes. Según Satse, este último estudio demuestra que España no soporta ningún análisis comparado con otros países y vuelve a poner el foco en la infradotación de enfermeras que sufre con las consiguientes repercusiones negativas en la calidad y seguridad de la atención que se presta a los pacientes y ciudadanos.
