Este próximo fin de semana la pedanía lucentina de Jauja acogerá una nueva edición de Cazauja, una feria que pone de relieve la importancia del sector cinegético. Auspiciada y promocionada por el Ayuntamiento de Lucena que gobierna el PSOE, al igual que sucede con Intercaza (en este caso a través de la Diputación), los socialistas cordobeses se vuelcan con la caza y reconocen su valor e importancia.
“Nuestra apuesta por esta feria radica en que la Diputación representa a los 77 municipios de la provincia, en la mayoría de los cuales el sector cinegético tiene una importancia vital para su desarrollo económico; además, es la tercera actividad deportiva con mayor número de licencias y estos números tienen un peso en la propia actividad económica”.
La nueva ley
En esos términos se manifestaba, hace tan solo un mes, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz (PSOE), en la inauguración de la edición de 2022 de Intercaza. Unas declaraciones que se producían, curiosamente, cuando su partido -junto a Podemos- la tramitación parlamentaria de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales.
Dicha norma servía para mostrar la brecha entre socialistas y sus socios de izquierda radical, puesto que la inclusión en la misma de los perros de caza desató el desasosiego de los cazadores, que se vio plasmado en la multitudinaria manifestación del mes de marzo. El PSOE sacó finalmente a los perros de caza de la ley, pero en el sector hay desconfianza.
Nuevas medidas
Y es que no hay que olvidar que la ley incluye aspectos que, cuanto menos, pueden considerarse controvertidos. Entre ellos, obliga a los propietarios de perros a realizar un curso, contratar un seguro de responsabilidad civil y no podrán sacrificarlos, salvo por razones sanitarias, con penas de hasta tres años de cárcel.
La caza, en peligro
La ley, como se señalaba, provoca recelo, como quedó de manifiesto en las XIII Jornadas Cinegético-Forestal de Asaja Córdoba, que se celebraban hace pocos días. En ese encuentro se señaló que, “de ser publicada en la forma que se conoce del proyecto de ley, podría suponer un gran varapalo, sino la desaparición de gran parte de la actividad cinegética”.
Ley de Economía Circular
Pero el mundo rural, donde la caza es uno de sus pilares de desarrollo económico-social, también se ha visto afectado por otras normas como la nueva Ley de Economía Circular, que -promulgada por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)- establecía en un principio la prohibición de la quema de residuos vegetales.
Las protestas de Asaja permitieron que el Ministerio diera marcha atrás, ya que durante varios meses no se autorizó quemar los restos vegetales en el entorno agrario o silvícola, con carácter general, con el daño al campo que eso suponía.
