Esta semana el presidente andaluz Juanma Moreno anunciaba la supresión del impuesto de patrimonio y la respuesta socialista no se ha hecho esperar. Frente a un modelo de bajada o supresión de impuestos que los populares están aplicando en las comunidades autónomas en las que gobiernan, sobre todo en Madrid, existe otro que es el de la presión fiscal, que defienden los socialistas, a lo que hay que sumar los beneficios que al estado le está reportando la inflación. El mensaje que desde el PSOE y el resto de la izquierda se repite es que pagar impuestos es progresista. Que así se garantizan los servicios públicos y se atienden a quienes lo necesitan. Desde el Partido Popular la filosofía es otra: esos servicios se garantizan recaudando de otra manera, o sea, si se dinamiza la actividad económica porque el ciudadano tiene más dinero en el bolsillo y las empresas ven más atractivo recalar e invertir en territorios con menor presión fiscal.
Lo que parece claro es que a cuenta de un impuesto anacrónico, que se instauró en plena Transición para poder financiar precisamente el inicio del nuevo estado democrático, los principales partidos políticos de España usan la fiscalidad como un arma electoral ante un año decisivo como será el próximo 2023. Por cierto, en 2008 el PSOE suprimió este impuesto para instaurarlo ‘provisionalmente’ durante dos años en 2011.
Intervienen la parlamentaria Araceli Cabello (PP) y el economista y asesor Antonio Vílchez, de Acertia Asesores. Edita y presenta Rafael González.
