Prudencia o alegría. Entre estos parámetros se mueven los alcaldes de la provincia consultados por este diario respecto al Real Decreto- ley 26/2021 de 8 de noviembre que esta misma semana se ha publicado en el BOE y que sirve para adaptar el conocido como ‘impuesto de plusvalías’ que el Tribunal Constitucional consideró no ajustado a lo estipulado en la Carta Magna en algunos de sus artículos. La sentencia del TC declaró nulo el método de cálculo de la base imponible del impuesto por presuponer que hay siempre ganancia. Ya en 2017, declaró que era inconstitucional para cuando no hay beneficio.
Una ley que ha supuesto – y supone- una importante fuente de ingresos para los municipios. El Gobierno socialista se ha dado prisa en la adaptación de la misma a lo decretado por el TC, aunque esto aún no queda muy claro sobre todo para los contribuyentes.
«Si desparecen todos los ingresos que los ayuntamientos tienen presupuestados por plusvalías, en el caso de Cabra oscila entre los 300.000 y 500.000 euros. En un presupuesto en torno a los 20 millones es una cuantía importante que obligaría a cuadrar cuentas de alguna u otra forma, mediante reducción de gasto o mediante lo que le solicitamos en su momento al Gobierno, que es un fondo de compensación por la pérdida de ingresos», dice el regidor egabrense Fernando Priego (PP). «Nosotros estamos ahora estudiando detalladamente cual es el doble mecanismo que ha articulado el Gobierno con este Real decreto, pero nos parece sumamente atropellado, cuando el Gobierno lleva tres años haciendo caso omiso a una reforma legislativa que empezó a tramitar el PP en el Congreso de los diputados – durante el Gobierno de Rajoy- , y hubiese dado tiempo a un estudio mucho más pormenorizado y en la que los expertos comparecieran en la Cortes para adaptar la normativa a la Constitución. Una reforma que el Gobierno socialista aparcó y metió en un cajón y ahora, en un día la ministra socialista (Montero), ella solita, quiere solucionar el problema, sin consultar con nadie, como está acostumbrado a legislar este Gobierno», prosigue Priego.
Esteban Morales (PSOE), alcalde de Puente Genil, destaca precisamente esa agilidad en la adaptación de la norma: «Hay que agradecer la respuesta tan inmediata que ha tenido el Gobierno ante la sentencia del TC» y en ese sentido añade que «hay que reconocer la sensibilidad que tiene este Gobierno de Pedro Sánchez hacia los ayuntamientos, porque las plusvalías es lo que mejor viene y refuerza las economías de todos los ayuntamientos».
La agilidad no lo es todo. También es importante el consenso y los ediles populares reprochan precisamente la falta de diáologo desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco apunta en este sentido: «Ahora tenemos que estudiarlo al detalle, pero lo que está claro es que en este tema ha existido cierta improvisación, pues ya se sabía lo que se podía ocurrir desde hace meses. El Gobierno, al igual que ocurrió con el tema de los remanentes, ha estado falto de diálogo con los municipios y esa relación es fundamental para el avance de España y más en un momento como el actual». Sin embargo el regidor pontanés cree que el nuevo Real decreto «también da seguridad jurídica, porque esperamos que esta norma venga a pacificar la discusión que había en torno al valor del terreno. Eso va a suponer una mayor normalidad para los ayuntamientos, ya que era una necesidad planteada desde hace mucho tiempo», una seguridad jurídica que también pide el alcalde de Cabra: «Los ciudadanos, a los que nos debemos, tienen que saber que lo que pagan es justo y constitucional, y en segundo lugar hay que dar seguridad jurídica a los ayuntamientos que necesitan una fuente de financiación e ingresos para cumplir con los múltiples servicios que prestamos a los vecinos».
Porque una cosa nos quieren dejar claro los alcaldes: se recauda para prestar servicios. Parece que así duelen menos los impuestos. «Lo más importante es que no perdemos financiación en los ayuntamientos, que va sobre todo a cubrir los servicios públicos que se prestan en las ciudades y los pueblos», sostiene Esteban Morales. «Los ayuntamientos cada vez asumimos más competencias y servicios y necesitamos financiación acorde a lo que estamos ofreciendo a nuestros vecinos», añade también Fernando Priego, aunque concluye diciendo que «lo que se vaya a cobrar a los vecinos tiene que ser completamente justificado, justo y constitucional».
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