Una Proposición no de Ley (PNL) y una pregunta al Gobierno son algunas de las medidas que ha adoptado el Partido Popular, para evitar la “supresión” de los equipos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) en los municipios de Baena, Rute, Montoro, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva de Córdoba y Hornachuelos.
La primera ha sido remitida a la Mesa del Congreso de los Diputados por la portavoz del PP en el Parlamento, Cuca Gamarra; mientras que la pregunta ha sido elevada por los diputados populares por Córdoba, Andrés Lorite y Maria de La O Redondo.
La fundamentación del requerimiento al Ejecutivo radica en que, “según ha transcendido por parte de la AUGC, la Jefatura del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil estaría analizando una propuesta para reorganizar dicho servicio en la provincia de Córdoba”. Una medida que “conllevaría la supresión de unidades para reagruparlas y ubicarlas en otras localidades, y podría afectar a las patrullas de Baena, Rute, Montoro, Peñarroya, Villanueva de Córdoba y Hornachuelos”.
Esta advertencia ha sido formulada por Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), durante las últimas semanas y, como recoge la fundamentación de las preguntas formuladas por Lorite y Redondo, “además de los perjuicios personales y familiares, se vería afectado también el relevante servicio que presta el SEPRONA en la provincia de Córdoba, en parajes y parques naturales tan importantes como los de la Sierra de Hornachuelos, las Sierras Subbéticas y la Sierra de Cardeña y Montoro, entre otros”.
Es por ello que los diputados populares han realizado las siguientes preguntas al Gobierno: “¿Se está estudiando la supresión de varias patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba y, por tanto, la reducción de su presencia y efectividad? ¿Cuál seria el motivo por el que se estaría estudiando dicha medida? ¿Considera el Gobierno que la referida reorganización podría tener consecuencias negativas e inmediatas en materia de vigilancia, ya que habría menor número de patrullas especializadas y con ello un menor control de infracciones medioambientales? ¿Cómo valora el Gobierno los perjuicios que la referida medida ocasionaría a los efectivos de la Guardia Civil y a sus familias en la provincia de Córdoba?”
