En estos días ha llegado a mis manos un artículo sobre D. Luis de Lezama, sacerdote y, como él mismo se llama, empresario social.
Debo confesar que la curiosidad que me inspiraba este personaje me llevó a brujulear en internet sobre su vida profesional. Y a escribir estas líneas.
Su propósito fue ayudar a jóvenes con dificultades de adaptación a obtener su primera oportunidad de empleo, salir de la marginación y conseguir una forma de vivir mediante su trabajo, formación y calificación profesional. Su lema era “no dar peces sino enseñar a pescar”. Hoy día son un referente a nivel nacional e internacional.
Lógicamente, entenderán que dado mi perfil y mi opinión sobre el valor de las personas en las empresas, donde gracias a la gestión del capital humano mediante la formación continua e innovando, conseguimos en nuestras empresas el desarrollo y reconocimiento a nivel internacional y, a veces, nacional, era irresistible comenzar mis primeras reflexiones de 2017 sin hablar de algo llamado economía social.
Economía social, para muchas personas, es un término desconocido y si le añadimos el lado peyorativo que muchas de estas corrientes podemistas actuales le dan a la economía, a la empresa… ya debe ser un término como para alucinar. ¿Social con economía?
Pero, simplemente consultando, se descubre que se llama economía a la ciencia social que se ocupa de la satisfacción de las necesidades humanas a partir de recursos escasos. Donde añadiendo el adjetivo “social”, trata de aquellas actividades económicas y empresariales que persiguen un beneficio, no sobre aportaciones al capital social, sino a las personas que lo ponen en marcha y a la sociedad, independiente a poderes públicos.
En definitiva, la empresa de economía social es un ejemplo de racionalidad y progreso social donde conviven la eficiencia empresarial con la responsabilidad social.
Las instituciones que le dan forma son: las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, las asociaciones vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la inserción de personas en exclusión y, no olvidemos, las fundaciones.
Según datos recopilados por la confederación mundial de cooperativas de trabajo, CICOPA, el empleo cooperativo representa casi el 12% del total de la población ocupada en el G20. Siendo de relevancia indicar que el pasado 15 de Diciembre fueran declaradas por la UNESCO, Patrimonio Cultural Inmaterial.
Y no sólo es la UNESCO la que reconoce el valor de las instituciones sociales. España, a través del Senado, en su sesión celebrada el pasado 30 de noviembre, aprobó una moción del Grupo Parlamentario Popular donde se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas para impulsar la economía social.
La moción, secundada por todos los Grupos políticos con representación en la Cámara Alta, contiene nueve medidas, entre ellas reforzar la presencia y la proyección de las empresas de Economía social de manera que se reconozca su contribución a la generación de tejido empresarial y empleo, y adoptar medidas que permitan impulsarla y, en particular, el crecimiento de estas empresas, eliminando las barreras que puedan impedir o limitar su desarrollo.
Por lo tanto, no es de extrañar que escuchemos cada vez con más frecuencia el término de “economía social” que brevemente hemos pretendido clarificar en este artículo.
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha considerado, esta iniciativa del Senado, un hito para el sector. Desde esta confederación, en diciembre del 2016, se hablaba de la aprobación de 36 proyectos que generarán 598 empresas de economía social y 2.948 empleos.
De igual forma, desde la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI), en 2015, un total de 3.117 personas se beneficiaron de los itinerarios personalizados y de la labor que cada día realizan las empresas de inserción en España.
En Córdoba, como en toda España, no podemos olvidarnos de otra institución de prestigio, las fundaciones. Su labor en la capital y provincia es probada y, aunque tenemos más conocimiento de las que abanderan entidades financieras, les invito a adentrarse en nuestra realidad empresarial para que firmas de prestigio le muestren su realidad social en forma de fundación.
Y no es un dato soñado, conforme la pyme empieza a tener un volumen aspira, siempre, a integrarse en este mundo social en la forma de fundación.
Pero la realidad en nuestro caso, siempre es más dura y complicada, el retraso de la administración pública andaluza no favorece tanto discurso y tanto elogio a puestos de trabajo y apoyo a la economía social.
Empresas andaluzas, incluidas cordobesas, están esperando el desatasco de la Junta de Andalucía donde los expedientes llevan más de 6 meses de retraso para tener vida y avanzar.
Aun así, quedémosnos con lo positivo, el futuro de España tiene un nombre social, un trabajo de valor humano, no estamos ante un túnel sin salida.
Lo único, que debemos solicitar, como ciudadanos, que no se trate de una moda política, y estas instituciones sociales sean fiscalizadas e inspeccionadas igual que el resto de empresas. Porque la igualdad es un derecho constitucional y el enriquecimiento de la sociedad se crea, como se pueden ver, de múltiples formas pero, siempre velando por todos.