Podría ser un titular algo exagerado, pero veréis que, para el caso, es así. El lunes pasado comenzó, para buena parte del alumnado de infantil, el curso escolar. Centrémonos en una clase en concreto. En primero, con los chiquitillos, de medio metro mal medido, haciéndose con el lugar entre lloros y chillidos. De los veinticinco personajes de esa clase, hay una niña que no tiene su silla. Por lo visto, no hay dinero para más sillas. Eso sí, no hay que desesperar, porque parece que, en noviembre llega la sillita de la pequeña.
La niña en cuestión es mi hija, Merceditas, y la silla, una que le han designado los técnicos del Equipo de Orientación Educativa de la Junta de Andalucía. La designación data de primavera. La Junta se lo ha tomado con calma hasta agosto para licitar la compra de todo el material para el curso que acaba de empezar. En septiembre han hecho el encargo y, claro, el fabricante necesita su tiempo.
No es una silla cualquiera, lo sé, cuesta unos 1.300 eur. Pero es que la espalda de mi hija es algo peculiar, ¿saben? Tiene diagnosticada escoliosis y cifosis, las dos posturales que, así como vienen también se pueden corregir, a lo que sumamos un tono muscular muy pobre a nivel de tronco y una operación de displasia de sus dos caderas realizada el año pasado. En fin, ahí andamos con remedios caseros para que la peque ocupe su espacio que le corresponde entre el resto de alumnos, de una forma más o menos decente.
Aquí viene la reflexión: se nos llenan los oídos escuchando a las Administraciones lo mucho, muchísimo, que están haciendo por la educación y la inclusión de los niños con necesidades especiales. Sacan pecho y foto cada vez que se hace una mínima acción en pro de la causa, pero tienen los cajones repletos de peticiones de padres que reclaman, aún a mitad de cada curso, los medios que les corresponden a sus hijos. ¿Por qué mi hija tiene que tener un trato distinto al resto de la clase? ¿Qué pensaríamos todos si el titular que puse a este artículo fuera tal cual si, por cosas del azar, a un niño cualquiera, le hubiesen dejado sin silla hasta dentro de un par de meses –y ya veremos si no es más-?
La suerte de la Administración y la desgracia de las familias en circunstancias similares es que su derecho al pataleo empieza y termina en las cuatro paredes del despacho del técnico con el que se reúnan. Sólo cuando se consigue hacer el suficiente ruido, parece encontrar uno respuesta más o menos inmediata. Esta situación se repite, sólo en Córdoba, con decenas de niños. Multipliquen ustedes por todas las provincias del mapa. Ojo, que la culpa no es de las personas, sino del sistema, que es tan perverso que funciona mucho mejor para sancionar que para facilitar. Los técnicos que nos estamos encontrando hacen su trabajo en la medida de sus posibilidades y, además, a fuerza de tratar con las familias, la empatía es una palabra que no necesita mucha explicación para ellos, porque llegan a sufrir, como nosotros, por cada día que pasa sin ver llegar la silla. Si la responsabilidad de que mi hija tuviera su silla fuera del colegio, tengo por seguro que éste ya estaría multado. Quien hace la Ley… La culpa es, como siempre, de ese monstruo invisible que habita en los archivos de los edificios públicos: el presupuesto.
Duele, tener que perder un tiempo precioso luchando contra los elementos de la Administración, sea del color que sea. Cuando no es la Junta es el Ayuntamiento y, cuando no, el Ministerio de turno. Si ustedes, ciudadanos de a pie se sienten alguna vez ignorados por el Estado, prueben cuando quieran a estar un ratito en mis zapatos. A ver si no es para acabar como Michael Douglas en su día de furia. En fin, seguiremos informando.
