Más de 5.000 personas están esperando poder examinarse del carné de conducir en algunas de sus modalidades en Córdoba. Es más probable que vean pasar al Rescatado en procesión que el que consigan el documento. En algunos casos tienen aprobado el examen teórico pero les cumple el plazo legal hasta acceder al práctico, que es de dos años, según ha comentado esta semana el presidente de la asociación cordobesa de autoescuelas. Rafael Cruz ha dicho más cosas, con tono firme pero educado, demasiado educado para quien a la postre es un empresario que debe hacer frente a seguros sociales, impuestos varios y responder ante unos alumnos que le preguntan ‘por qué’ y él solo puede remitir a la jefatura provincial, donde hay un atasco como a veces en la carretera del Brillante, tan poco sostenible.
Para empezar, en la DGT se pusieron acordes con los tiempos y el siglo XXI actualizando su actividad examinadora bajo los parámetros de un algoritmo que se gestiona con el nombre de CAPA, que en este caso ni es buena ni todo lo tapa, porque el atasco se produce a pesar de que el algoritmo decide cuál debe ser la frecuencia, los plazos y recursos aplicados para tal tarea examinadora. En general los algoritmos suelen funcionar bien por cuanto acaban retratando nuestros usos y costumbres y gracias a ellos Facebook, por ejemplo, sabe si padecemos trastornos gástricos por las noches o nos gusta ver documentales sobre la actividad reproductiva de los estorninos. Pero el algoritmo de la DGT es un algoritmo español y público, y tiene su hora del desayuno y su talante.
Según ha informado el señor Cruz esta semana, el verano como tal en la administración pública y en concreto en la DGT, contempla un periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, lo que vienen siendo unas vacaciones escolares. Dice el señor Cruz que respeta obviamente el derecho al descanso de los trabajadores públicos, pero a ver quién le resuelve la marrona de los alumnos en espera de examen. En una época estival en la que además la gente mortal y común – no empleada pública- suele aprovechar para sacarse el carné de conducir al disponer de un poco más de tiempo libre y de cara a un mes, septiembre, marcado por cambios de domicilio o estados laborales para muchos. El carné de conducir, como muy bien apuntó también esta semana Antonio Díaz, que es presidente de la CECO, es un “documento habilitante para poder trabajar”, un detalle no tenido en cuenta por los programas de empleo y desarrollo, más centrados en talleres de coaching emocional, gritoterapia y resiliencia que en lo que verdaderamente importa: el C o el C1. O incluso el B. Disponer de él, tal y como está el mercado laboral, es más importante que un postgrado en Historia Contemporánea o Física.
Por lo tanto, en la jefatura tenemos un tapón que está afectando al mercado laboral y los sindicatos no han dicho nada y sí la patronal, lo cual supone un dato a tener en cuenta de cómo ha cambiado el mundo y la cosa. Son los mismos sindicatos que entre gamba blanca y centollo rojo miran de soslayo la subida estratosférica de la luz del gobierno de la gente y la culpa de Europa y callan como lumis ante un alto cargo de FAFFE en el Don Angelo.
No nos consta que en el Ministerio de Veganismo y Resiliencia se contemple este extremo, o sea, el del gasto en la línea de flotación de las economías domésticas que invierten sus euros en una necesaria y casi obligada titulación vial. Teniendo en cuenta que nuestra vida depende de la Agenda 2030, posiblemente este atasco es intencionado para quitarnos las ganas de conducir y convertirnos en peatones dependientes y sostenibles. O igual es que en España, la administración, sigue siendo ese armatoste succionador que en nóminas se gasta 95.000 millones de euros en dos millones de empleados que están de servicios mínimos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, mientras usted, pobre infeliz, anda lampando por examinarse del práctico para dejar la bici de Glovo y pasarse al taxismo autónomo de Uber.
