Insostenible: que no se puede sostener (Diccionario R.A.E.)

Sostenible, resiliente, deuda pública, gasto público, pensiones, paro, déficit, impuestos, inflación, recesión, calentamiento global, cambio climático, inclusión, gobernanza, Agenda 2030, términos o conceptos que día sí, día también, invaden la intimidad y el pensamiento del ciudadano común, a quien añaden inseguridad, zozobra y estrés, no carentes de ansiedad ante su legítimo derecho de vivir a su real modo, bajo reglas de convivencia armoniosas y previsibles, y equidad antepuesta a igualdad.

Desarrollo sostenible: aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (Nuestro Futuro Común, Informe Brundtland 1987).

Si añadimos a los anteriores conceptos la etiqueta eco, nos enfrentamos a una confusa colección de términos, que en general, a duras penas comprendemos. Y con ellos, el gobierno de la Nación elabora su propaganda con el objetivo principal de mantenerse en el poder, ejecutando sean políticas contrarias a las que predica, o bien erráticas y sectarias, con el resultado, quizás planeado o intencionadamente buscado, de un empobrecimiento generalizado de la población española.

Unas finanzas públicas insostenibles, ponen además “en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”, en clara contradicción con el concepto de desarrollo sostenible o sostenibilidad, que tanto gusta utilizar hoy en día la propaganda oficial.

Unas finanzas públicas insostenibles, ponen en peligro la capacidad de las generaciones futuras.

Con enfoque financiero, trataré a continuación la primera insostenibilidad de las cuentas públicas: La de deuda total de la Administración Pública española.

En artículos posteriores, pasaré revista a los diferentes temas enunciados en el párrafo primero y aquellos que hacen referencia a los criterios ASG (medio Ambiente, Social y Gobernanza).

Deuda pública

Deuda pública es referida aquí como el total de pasivos pendientes de pago por parte de las administraciones públicas – gobiernos central y autonómicos, corporaciones locales, seguridad social, entes públicos – esto es, lo que aquéllas, en su conjunto, deben pagar a sus acreedores[El lector, seguramente retendrá en su memoria las continuas referencias que los medios de comunicación, analistas y tertulianos expertos o no, hacen a la deuda pública española y su relación con el producto interior bruto (PIB).

Pues bien, esta parte de la deuda total, – la que mejor se adapta a la condición de gastar y seguir gastando sin freno dinero de los impuestos -, corresponde a la parte de deuda regulada por la Unión Europea (UE) en su Tratado de Maastricht, (Deuda según Protocolo de Déficit Excesivo, PDE), que impone determinadas ratios máximos respecto a PIB (60%) y déficit fiscal (3%).

Límites PDE que buena parte de países de la zona Euro, tienen superados con creces, entre ellos España, y sin visos de reconducción a la baja en los años venideros.

Para poner en contexto Deuda total y Deuda PDE en relación con el PIB (Cuadro 1), nada mejor que recurrir a los números, en su mejor y fría versión disponible: números grandes tal como son, para representar mejor la realidad, así:

Deuda total € 2.001.435.000.000 (dos billones mil cuatrocientos treinta y cinco millones), a 31 marzo 2022.

Deuda PDE € 1.475.392.000.000 (mil billones, cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos noventa y dos millones), a 30 junio 2022[ii].

PIB (estimación para 2022) € 1.235.343.000.000 (mil billones, doscientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y tres millones).

Deuda total y Deuda PDE suponen el 162% y 122,4% respectivamente del PIB. La diferencia entre ambas clasificaciones de deuda pública, suponen € 526.043.000.000 (quinientos veintiséis mil cuarenta y tres millones) que corresponden a deuda de las administraciones públicas que quedan fuera del perímetro de fiscalización de la UE.

En consecuencia, cuando oigan o lean “deuda 120% o más de PIB”, estarán pensando en Deuda PDE, pero no en la deuda total que se ha de pagar a costa del bolsillo de todos los españoles.

Con todo, el PIB no sirve para pagar la deuda, apenas significa una medida de referencia para situar la misma en un contexto común que permite comparaciones inter países y/o gobiernos regionales.

Para el inversor institucional, esta ratio constituye uno de los factores de valoración del riesgo crediticio que asume al comprar el instrumento. A mayor ratio Deuda/PIB, mayor el riesgo de impago, y más elevado el precio a pagar (tasa de interés) que exigirá el inversor al emisor/deudor de la misma.

¿Cómo se paga la Deuda?

Es la caja neta del Tesoro español, – los impuestos que ingresa menos los gastos que paga -, lo que sirve para atender la deuda y sus intereses, como en toda familia. Y si gasta más de lo que ingresa, la caja debe alimentarse con deuda, tal cual es el caso de nuestra Administración Pública.

Y esto, el gasto público por encima del ingreso, viene siendo la norma de comportamiento, gobierne quien gobierne, salvo contadas excepciones: en los últimos 27 años (1995-2021), con solamente 3 superávits fiscales que sumaban €53.000.000.000 (cincuenta y tres mil millones de Euro), frente a déficits acumulados por valor de €1.164.731.000.000 (un billón ciento sesenta y cuatro mil setecientos treinta y un millones de Euro).

Gasto público por encima del ingreso, viene siendo la norma de comportamiento, gobierne quien gobierne.

¿Es sostenible la Deuda Pública?

Las dos categorías de deuda, total y PDE se han multiplicado por 3,3 respecto a las existentes en 2008, año de la anterior crisis padecida por nuestra economía, y que, amén de impuestos no recaudados, se llevó por delante a la mayoría de cajas de ahorro, originó déficits recurrentes en las cuentas de la Seguridad Social, aumentó el paro que necesitó de millonarios pagos para mitigar el desempleo. Todo lo cual, en el período 2008-2014, causó el mayor incremento de Deuda total por valor de €1.062.256.000.000 (un billón, sesenta y dos mil doscientos cincuenta y seis millones).

El PIB durante ese mismo período, registra un aumento de 1,1 veces, si bien se han de ponderar los nuevos efectos negativos que están limitando severamente su normal crecimiento: Covid-19 en 2020, – aún no superado completamente -, y guerra Rusia-Ucrania en 2022.

La Deuda Pública española, en su totalidad, no es sostenible.

En resumen, podemos convenir que la Deuda Pública española, en su totalidad, no es sostenible conforme a su definición original (Brundtland 1987). Y esta situación, comporta una carga insoportable e injusta que van a heredar las próximas generaciones, salvo un cambio radical en los hábitos de administración de los recursos públicos.

La deuda aumenta a mayor velocidad que la renta disponible

La renta neta por persona mayor de 16 años (Cuadro 2) ascendía en el año 2020 a €19.203 (diecinueve mil doscientos tres Euro). La carga de deuda que está soportando la población española, supone para la Deuda Total, 2,6 veces (€49.375) la renta neta disponible, y 1,9 veces la referida a la Deuda PDE (€36.398).

Un panorama nada halagüeño para las futuras generaciones si, como viene siendo norma, la deuda aumenta a mayor velocidad que la renta disponible, lo que deriva en empobrecimiento generalizado y la sustracción de sueños y esfuerzos para que cada persona pueda construir su propio futuro, con la menor interferencia o fricción de las políticas extractivas a las que parecemos estar ya acostumbrados. 

Por un futuro mejor para las próximas generaciones

Los momentos críticos por los que transita nuestra economía, reclaman hoy, de una acción decidida, honesta y valiente por parte de quienes hoy tienen la responsabilidad de dirigir la política económica del país, tal como hizo el Profesor Fuentes Quintana[i], a la sazón vicepresidente de Asuntos Económicos del gobierno Suárez, en su alocución a la Nación en 1977. Desde entonces, no ha habido ministro ni ministra de asuntos económicos que haya expuesto a la ciudadanía, de forma tan veraz, sincera y comprensible, acerca de la situación económica del país.

El saneamiento de la deuda que nos aprieta, también debe ser tarea de quienes, desde la oposición democrática, tienen la obligación de formular y explicar sus propuestas al tiempo de trabajar con visión de largo plazo en la superación de los problemas que acucian a la ciudadanía, fruto de la fragilidad que manifiestan los principales pilares que hoy soportan en precario equilibrio, el edificio de nuestro Estado del Bienestar.

No ha habido ministro ni ministra de asuntos económicos que haya expuesto a la ciudadanía, de forma tan veraz, sincera y comprensible, acerca de la situación económica del país.

La situación crítica de las finanzas públicas en el contexto de nuevos escenarios apenas previsibles hace un año: inflación galopante, subida de tipos de interés, guerras, nuevas pandemias, inseguridad alimentaria, envejecimiento de la población, flujos migratorios, demandan su urgente toma de consideración en el tablero de la planificación económica con horizonte de largo plazo.

En el ámbito de las administraciones públicas, principales originadores del gasto que deriva en mayor endeudamiento, se hace necesario un ajuste radical: una administración más pequeña y que gaste menos y mejor. Al mismo tiempo, una reformulación de las políticas tributarias en las que el gasto público se acomode al ingreso, así como a la cultura del Déficit 0 que permita reducir al menos a la mitad, los niveles actuales de endeudamiento, liberando así capacidad de endeudamiento y menores impuestos para nuestros nietos y bisnietos.

Se hace necesario un ajuste radical: una administración más pequeña y que gaste menos y mejor.

Resulta urgente que las fuerzas políticas interesadas en construir nación para todos, acuerden un Pacto Fiscal contundente de reducción de impuestos y gasto, que permita a la caja común atender las obligaciones contraídas, reduciendo paulatinamente su volumen, y con ello, aliviar la carga deuda que van a recibir las generaciones futuras. El mejor ejemplo de un país sostenible para una sociedad más justa y más libre.

Miguel Sánchez de Pedro

Consultor internacional

miguelsdp@gmail.com