La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, aprobada por el gobierno de Rajoy, prohibió la caza deportiva y comercial en el interior de dichos espacios naturales por considerarla incompatible con su conservación. Tras establecer una moratoria de seis años, determinó que a partir del 5 de diciembre de 2020 cesaría toda actividad cinegética. Como cabía esperar, ello provocó de inmediato el aumento exponencial de las poblaciones de animales que se tradujo en el deterioro de los hábitats que, paradójicamente, pretendían conservar. Debido a la cantidad excesiva de herbívoros se puso en peligro la existencia de gran parte de las especies de flora, conllevó daños a la agricultura, a las repoblaciones forestales, aumento de los accidentes de tráfico por colisión con la fauna silvestre, invasión de espacios urbanos y la transmisión de enfermedades a animales domésticos y personas. Especial mención merece lo sucedido en el parque extremeño de Cabañeros. Después de ver rechazadas sus críticas por privarles de la actividad cinegética que venían practicando desde tiempo inmemorial, los titulares de los cotos situados en el mismo solicitaron, al amparo de la norma mencionada, indemnizaciones millonarias por las limitaciones de los usos sufridos (en torno a 320 MM) y que actualmente se encuentran pendientes de resolución. Así las cosas, en enero del presente año, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha reconocido que la caza es imprescindible en Cabañeros y que sin ella será imposible limitar el número de ejemplares de muflones, ciervos, gamos y jabalíes. De hecho, el último borrador del Plan de Control de Ungulados elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, asegura que numerosos ecosistemas del parque no tienen garantizada su persistencia o sostenibilidad a corto y medio plazo. Explica que este espacio de alto valor natural atraviesa una tendencia de degradación que debe ser interrumpida mediante la disminución de la densidad de ungulados, propiciando así la evolución hacia formaciones más maduras y estables. Desde que se excluyó la caza de los controles poblacionales, todos los datos apuntan a una sobrepoblación que pone en riesgo la viabilidad de los propios ecosistemas del parque. Asegura, por tanto, que los controles cinegéticos son imprescindibles para que las poblaciones se reduzcan de manera eficaz, puesto que el resto de alternativas son más ineficientes y más costosas económicamente. La ausencia de control, concluye, podría llegar a ser catastrófico para el medio. En ese sentido, conviene señalar que esa situación ya se ha producido en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde la sobrepoblación de cabra hispánica y su ausencia de control han producido daños irreparables en la flora autóctona y provocando graves riesgos sanitarios.
Tamaño despropósito se explica, en mi opinión, porque quienes toman las decisiones que afectan al medioambiente desconocen por completo el mundo rural. Según el boletín del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la ley se aprobó tras dos años de tramitación con una amplia participación pública con múltiples organizaciones y entidades, comunidades autónomas y diferentes órganos de la administración, y tras ser reclamada por numerosos expertos y profesionales, así como por las entidades conservacionistas. Respecto a estas, seguro que se trataba de un sector del ecologismo radical que defiende una sobreprotección de los animales absolutamente irracional. La pregunta que me hago es si consultaron a las sociedades de cazadores, a los agricultores y ganaderos de las zonas afectadas. Dudo mucho que lo hicieran.
En cualquier caso, bienvenido sea el cambio de criterio, de sabios es rectificar.
