Prodigalidad: Conducta desarreglada de la persona que malgasta su caudal con ligereza, en perjuicio de la familia (Diccionario panhispánico del español jurídico, R.A.E.); profusión, desperdicio, consumo de la propia hacienda, gastando excesivamente (Diccionario R.A.E.)
Gasto Público
Prodigalidad, un término que parece estar arrinconado en algún cuarto oscuro de la conciencia colectiva de los contribuyentes. En el tema que hoy nos ocupa, surge la inmediata reflexión acerca de valorar si, el Gasto Público podría o no ser considerado como gasto pródigo, por cuanto gasto excesivo, de la propia hacienda común de todos los españoles.
El dinero público tiene dueños: la sociedad española.
Y es que sí, el dinero público tiene dueños: la sociedad española. Y a ella, los administradores de los caudales públicos, deben transparencia, que no traslucidez, y por encima de ambas, rendición de cuentas.
La ausencia de transparencia y rendición de cuentas conforme a la ley, deviene en caldo de cultivo que alimenta las conductas temerarias de recurrente malversación, derroche o dispendio de los caudales públicos, en perjuicio de los españoles que hoy las padecen, y de las que sólo unos pocos se benefician. Y en especial, en detrimento de las generaciones futuras, herederas de una pesada mochila, sobrealimentada ayer y hoy por el irresponsable desempeño de quienes tuvieron y tienen como primera obligación el cuidado y mantenimiento saludable, o sea, sostenible, de la hacienda pública de todos.
El Gasto Público no financiero ejecutado en 2021 (Cuadro 1), – no incluye, entre otras, operaciones de emisión y reembolso de la deuda pública -, ascendió a €609.776 (seiscientos nueve mil setecientos setenta y seis millones de euros), según informa la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
La Seguridad Social, con €210.407 (Doscientos diez mil cuatrocientos siete millones de euros) es la Administración que gestiona el mayor Gasto Público, lo cual se debe principalmente a su función como entidad pagadora de los más de 9.015.000 pensionistas, que representan ya un 19% de la población total, y de los más de 2.000.000 de personas, que recibieron prestaciones por desempleo.
Un Gasto Público desmesurado que, en 2021, generó una necesidad de financiación de €82.819 (Ochenta y dos mil ochocientos diecinueve millones de euros), la cual se resolvió una vez más, con emisión adicional de Deuda Pública a pagar en plazos futuros y a tasas de interés crecientes. Tipos de interés que suben en la Unión Europea (UE), si bien aún en valores negativos si se descuenta el efecto inflación, – lo que desincentiva el ahorro de los hogares -, y de los que se prevén próximos incrementos, en sincronía con las políticas monetarias que viene ejecutando la Reserva Federal Americana (la poderosa FED).
El desglose del déficit anterior por instituciones, (Cuadro 2), no incluye los importes de transferencias entre las diversas Administraciones del Estado (AAPP).
Necesidad de financiación adicional de las Administraciones.
El Cuadro 2, ilustra la necesidad de financiación adicional del año 2021 por importe total de €166.139 (Ciento sesenta y seis mil ciento treinta y nueve millones de euros) de las Administraciones Autonómica (AAAA), Seguridad Social y Local (AALL), para sufragar el Gasto Público con los recursos propios que generan – principalmente ingresos tributarios -, y en el caso de la Seguridad Social, cotizaciones a cargo de empleadores y hogares.
Cabe resaltar que la Administración Central, contribuye a reducir el déficit del conjunto, con una capacidad de financiación por valor de €83.320 (Ochenta y tres mil trescientos veinte millones de euros) – importe que no incorpora las operaciones de reembolso y emisión de Deuda Pública que disminuirían notoriamente dicho superávit -.
Evolución de las necesidades de financiación.
Con una perspectiva temporal más amplia, el Cuadro 3 muestra la evolución de las necesidades de financiación en los últimos 5 años, 2017 a 2021.
El Gasto Público se cronifica.
El exceso de Gasto Público sobre los ingresos que gestionan las AAPP, permanece prácticamente anclado a la inercia del gastar por gastar, caso de las AAAA, en torno al 50% de su gasto total y las AALL en cifras ligeramente ascendentes hasta el 24% en el año 2021.
Por lo que respecta a la Seguridad Social, resalta la cuestión estructural de insuficiencia de las cotizaciones de empleadores y trabajadores del sector privado, dejada de la mano como problema político a resolver ad calendas graecas, si bien su desfase financiero apenas supone la mitad del que registran en su conjunto las AAAA.
Con ello, el Gasto Público se cronifica. Y la deuda para financiarlo, siguiendo su imparable marcha ascendente. A fines de 2021 el conjunto de las AAAA registraba una deuda a pagar de €350.338 (Trescientos cincuenta mil trescientos treinta y ocho millones de euros), las AALL €42.869 (Cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y nueve millones de euros). Así mismo, la Seguridad Social en el período 2017-2021 multiplicó la suya 1,8 veces hasta los €117.498 (Ciento diecisiete mil cuatrocientos noventa y ocho millones de euros). Deudas que en su conjunto ascienden a €510.705 (Quinientos diez mil setecientos cinco millones de euros) que, cual espada de Damocles, penden sobre las cabezas de los contribuyentes presentes y futuros acarreando la pregunta de ¿cuándo y cómo se pagarán?
¿Es sostenible el Gasto Público?
El Gasto Público, no es sostenible.
En resumen, podemos convenir que el Gasto Público, no resulta sostenible sine die en tanto las ya muy mermadas capacidades tributarias de los contribuyentes, no aguantan subidas de impuestos ni la Deuda Pública es ya el recurso fácil al que acudir para cubrir el déficit causado por el gasto.
El escenario actual de excesivo Gasto Público, vulnera los artículos 135.2 y 135.4 de la Constitución Española (CE), así como incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que establece la Ley Orgánica 2/2012. Ley que deriva de la reforma del artículo 135 de la CE de septiembre 2011, la cual fue secuela – crisis financiera de 2008 -, de la inapelable intervención de la economía española, por parte de los organismos internacionales que poseen la capacidad de llevarla a cabo, nos guste más, nos guste menos.
España se ha dotado de un modelo de Administración Pública que, con su devenir a lo largo del tiempo, está resultando muy caro, y que va a requerir de esfuerzos enormes, para reequilibrar su sostenibilidad y garantice así el que las arcas públicas puedan sufragar nuestro Estado de Bienestar.
Y esta situación, carente de hoja de ruta para darle solución, comporta una carga insoportable, injusta e insolidaria que van a heredar las próximas generaciones, salvo un cambio radical en los hábitos de administración de los recursos públicos, hoy en día inmanejables con diecisiete llaves que abren la caja común, y sujetos al mercadeo político sin orden ni concierto, o acaso orden pretendidamente buscado a costa del empobrecimiento masivo de nuestra sociedad.
Las remuneraciones de personal absorben los recursos disponibles.
A título de ejemplo, las remuneraciones de personal de las Comunidades Autónomas, prácticamente absorben la totalidad de sus recursos disponibles, tal como se pueden observar en el Cuadro 4.
Con independencia de un análisis pormenorizado a nivel individual de Comunidad Autónoma, se puede concluir que la provisión de los servicios básicos que prestan las Autonomías, se financia con recurso a deuda, un claro síntoma de su insostenibilidad financiera actual, larvada por años de dinero a crédito fácil y barato.
Por un futuro mejor para las próximas generaciones.
Se hace necesario un ajuste radical: una administración más pequeña y que gaste menos y mejor.
Crear empleo y riqueza son el mejor ejemplo de un país sostenible para una sociedad más justa, más solidaria y más libre. Objetivos éstos que no parecen estar incluídos en la agenda de los gobiernos de turno, y así vamos, en bajada, con inflación rampante y bolsillo menguante, contradiciendo a la propaganda oficial.
Miguel Sánchez de Pedro
Consultor internacional
