Pensiones Públicas
Hablar de Pensiones públicas, supone abrir un debate, largamente postpuesto por nuestra clase política, toda vez que su insostenible situación actual, demanda un “coger el toro por los cuernos” – que la calle pide a gritos -, para su reforma y mejora. Encomienda que los gobiernos y poderes legislativos de turno, parecen rehusar por el miedo escénico que les plantea el ofrecer solución a las justas demandas de los hoy más de 9 millones de pensionistas.
A lo largo del siglo pasado, y también hoy en día, no ha faltado, sin embargo, partido político que haya osado reclamar para sí, con razón o sin ella, – más bien esta última –, el mérito de la creación del sistema de pensiones públicas en España, pretendiendo falsamente el anotarse su paternidad. Despreciando así, a beneficio de inventario, las primeras aportaciones de nuestros próceres – liberales sus impulsores, allá por el año 1883, con D. José de Posada Herrera, como Presidente del Consejo de Ministros y Segismundo Moret y Prendergast, Ministro de la Gobernación -, promotores de la Comisión de Reformas Sociales (CRS), institución que, con su desarrollo posterior a lo largo del s. XX se puede atribuir el mérito de haber sido semilla del Estado de bienestar que hoy gozamos.
Y desde la CRS, hasta nuestros días, se abordaron sucesivas reformas, que no han conseguido que nuestro sistema de pensiones públicas contributivas sea sostenible en el tiempo – hoy en estado de urgente reparación -, y lo suficientemente robusto para enfrentar con éxito los vaivenes del ciclo económico.
El sistema actual, resulta inviable financieramente hablando, por cuanto las contribuciones de empleadores y trabajadores (en conjunto, un impuesto al salario) son insuficientes para satisfacer la nómina de las pensiones contributivas. Así lo certifican los sucesivos déficits que engordan la deuda, de la que ignoramos el quien, cómo y cuándo se pagará. Y no se trata de lo más fácil: subir cotizaciones, o impuestos en general, si no empezar, entre otras medidas posibles, a destinar fondos procedentes de otras figuras impositivas, como elemento adicional de su financiación.
Estructura de las pensiones
Tres son los grandes grupos que atiende el sistema de pensiones públicas:
- Pensiones contributivas. Se financia con las contribuciones de empleadores y empleados. La financiación es finalista, cubriendo además de las pensiones, el desempleo, la incapacidad por enfermedad y la formación profesional.
Estas contribuciones, son conocidas internacionalmente como impuesto sobre las nóminas.
- Pensiones no contributivas. Financiadas con aportaciones del Estado. Pagan pensiones de invalidez, jubilación, prestaciones por discapacidad y asistenciales.
- Régimen de Clases Pasivas. Financiadas a cargo del Estado. Atiende la protección frente a los riesgos de vejez, incapacidad y muerte y supervivencia del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
El Cuadro 1, muestra la evolución del gasto total en pensiones públicas durante el período 2017-2021.
En términos relativos, el gasto total en pensiones del año 2021, por valor de €168.703 millones de euros, representan un 32% de los recursos no financieros del Estado – la mayor partida -, que incluye los procedentes de la recaudación tributaria más las cotizaciones sociales que financian las pensiones contributivas.
Pensiones contributivas
El Cuadro 2, refleja la evolución de las pensiones contributivas durante el período 2017-2021. Las pensiones contributivas ascendieron en 2021 a €138.443 millones de euros, o un 82,1% del total, originando un déficit respecto al importe de las contribuciones sociales que las financian, de €20.832 millones de euros.
El déficit acumulado por las pensiones contributivas durante los últimos 5 años, asciende a €93.444 millones de euros, a los que añadiendo los producidos en el período 2004-2016 y deduciendo el recurso a la hucha de las pensiones – que significó una detracción de €64.677 millones de euros -, supone un déficit que a fin de 2021, y a falta de suficiente granularidad en los datos publicados, se estima en €126.000 millones de euros. Un déficit equivalente a 11 meses de las pensiones contributivas pagadas en 2021.
El desglose del reparto empleador-empleado de las contribuciones sociales del Cuadro 2, se muestra en el siguiente cuadro, con datos hasta 2020.
La estructura de reparto indica que, durante el período observado, la contribución del empleador ha aumentado desde 2,7 veces en 2017 a 3 veces en 2020 en relación con la aportación del empleado, lo que significa, para el último año, que el empleador contribuye con €3 euros por cada €1 euro del trabajador. Situación que, a nivel competitivo, castiga sobremanera los costes de producción de la empresa española frente a los de economías competidoras, siendo la tendencia internacional la de equilibrar 50/50 las aportaciones de empleador y empleado, tal es el caso de: Alemania, Canadá, Corea, Holanda, Israel, Japón, Polonia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
Panorama internacional de las cotizaciones sociales
Con datos de la OCDE, el Cuadro 4, evidencia el reparto entre empleador y empleado, de las cotizaciones sociales de un grupo selecto de economías competidoras con la española.
España, que gusta tanto de presumir ir en cabeza, en esta comparación, también consigue medalla de oro en ambas competiciones. La tasa más baja de contribución del empleado con un 4,89%, y la más alta en lo que respecto a la del empleador con un 23,02%; ambas muy alejadas incluso del promedio OCDE con un 8,21% y 13,46% respectivamente, y así, se hace más difícil competir dentro y fuera de España, crear empleo y riqueza, así como mitigar el perenne déficit financiero de las pensiones contributivas.
¿Son sostenibles las Pensiones Contributivas?
Las Pensiones Contributivas, no son sostenibles.
Sin reformas estructurales de fondo, que se hacen urgentes abordar con visión compartida por parte de los partidos con vocación de gobierno, nuestra sociedad, y en especial el conjunto de pensionistas de hoy, mañana y pasado, estará sometida a una presión insoportable, incompatible con el Estado de bienestar y la convivencia armónica en la sociedad democrática que nos hemos dado.
Conclusión
El saneamiento del deficitario sistema de financiación de las pensiones contributivas, demanda una acción urgente y prioritaria de tantas otras actuaciones que poco o ningún valor añaden, salvo el carácter ideológico que beneficia a unos pocos, tratando de alienar a la sociedad en su conjunto, con intenciones e intereses ya conocidos.
A título indicativo, expongo a continuación algunas propuestas, con la intención de contribuir en lo posible al debate de mejora de las condiciones de vida de nuestros pensionistas.
Se hace necesario pues, ante la insuficiencia de recursos para atender la totalidad del gasto público, restructurar, por un lado, el sistema de reparto de las contribuciones sociales anteriormente expuestas, y con ello, aproximar paulatinamente, la contribución del empleado hacia niveles de equiparación con la del empleador.
El incremento de contribución del empleado, se compensaría mediante reducción equivalente en el impuesto del IRPF. Este esquema de reparto, significaría una reducción del coste laboral del empleador, facilitando su competitividad y liberando recursos que pudiera utilizar, por ejemplo, bien para mejorar condiciones salariales o inversión en su infraestructura productiva.
Así mismo, sería oportuno considerar la asignación de recursos procedentes de la recaudación del IVA. El colectivo de personas cotizantes al régimen de pensiones, así como el de pensionistas, supone una cifra superior a los 24 millones de personas, que son en esencia, consumidores finales del IVA.
Según datos provisionales publicados por la Agencia Tributaria, la base imponible del IVA por el gasto en consumo de los hogares más la compra de vivienda, ascendió en 2021 a más de €433.600 millones de euros que, al tipo medio del 15,4%, supuso una contribución a las arcas públicas por valor superior a los €66.700 millones de euros, o el 87% de la recaudación total. Un importe que, en justicia tributaria, debiera servir para financiar parcialmente las pensiones públicas.
Como valor añadido por la asignación de una parte relevante del IVA recaudado a la financiación del sistema de pensiones públicas, los contribuyentes reconocerían más suyo el sistema, al entender con más claridad que una parte de los elevados impuestos que pagan, se destinan a un fin cierto y medible cual es el sistema de pensiones, institución que beneficia tanto a las personas laboralmente ocupadas como aquellas que ya prestaron su servicio a la sociedad y a los anteriores pensionistas a quienes sucedieron.
Miguel Sánchez de Pedro
Consultor internacional
