El penúltimo chiste malo del  Mal Gobierno de  nuestro país, todavía llamado España, ha sido la imposición de los que se lo quieren cargar para que los separatistas catalanes decidan qué impuestos se pagan en Madrid o en Andalucía.

Tiene bemoles que los independentistas  catalanes con el aplauso de sus colegas  vascos consigan cubrir con los impuestos de los madrileños y del resto de España, menos Vascongadas y Navarra,  sus trampas al solitario de derroche del dinero público por ineficiencia en la gestión,  chiringuitos del Procés y demás  desvaríos secesionistas que han ahuyentado de ese rincón de España a todo empresario viviente desde la Caixa o el Banco de Sabadell a miles de  pymes que buscaron  refugio para sobrevivir, las que no sucumbieron,  en Aragón, Valencia o la misma Comunidad de Madrid.

Las “tragaeras” del último PSOE – y digo último porque Sánchez y compañía se lo cargan sin remedio en pro de un nuevo ‘peronismo puntocom’-, nos muestran el relativismo político y moral de un clase dirigente que por omisión (socialistas) o por acción (separatistas catalanes y vascos) nos conducen irremediablemente al abismo.

La perversión política de los rufianes les lleva a jugar con el margen de autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas al antojo de su hoja de ruta para saltar por los aires el orden constitucional de 1978.

Ellos, que son los destacados actores de la ruptura de los principios  de igualdad de los españoles y de la unidad de mercado en todo el territorio nacional, hacen una parada en el camino para rapiñar el ahorro fiscal de las familias y empresas del resto del Estado. Salvo los preconstitucionales privilegios de los vascos.

17 sistemas fiscales, 17 servicios de salud, 17 modelos de atención social, 17 maneras distintas de buscar soluciones a esta crisis y al cualquier otra no son el mejor camino para servir al bien común, máxima que debería presidir la acción política.

Por ello, defender la armonización en la gestión de los servicios en todo el Estado, también en materia fiscal, sería algo que aplaudiría cualquier españolito de a pie. Pero hacer de tontos útiles de quienes ponen las “bombas” va a ser que no.

El precio lo seguirá pagando lo que va quedando de clase media, y abonará la fractura social iniciada con la crisis financiera de hace una década y  catapultada por la maldita pandemia que vino de China.

Y ,por cierto, el ministro Ávalos deberá estar tranquilo en su conciencia sociorupturista. Lo que le pasa a Felipe González de que hoy lo aplaudan quienes antes pedían su cabeza no le pasará ni a su jefe ni a él nunca, pero nunca jamás. Es la diferencia entre los dirigentes que suman o multiplican, por eso aquel sacaba mayorías absolutas,  y los que dividen y restan. Por eso el Gobierno de Sánchez tiene que apoyarse en los herederos de ETA y en Rufián.