«La gente empieza a darse cuenta de que el aparato del gobierno es costoso. Lo que aún no ven es que el peso recae sobre ellos» .                                                                                           Frederic Bastiat

El gobierno del pueblo, el gobierno de la clase obrera o el gobierno de los más necesitados. Así se hacen llamar esta turba política que desde que llegaron al poder se han dedicado a apuntalar, más si cabe, el bienestar del Estado, que no el estado de bienestar. Y con él, hemos podido ver como en todos sus decretos y leyes llevadas a cabo, han favorecido no al más necesitado, sino al colectivo que más les ha interesado en cada momento de la legislatura. Os hablo de grupos de presión muy “desprotegidos” y “desfavorecidos” como son los funcionarios y pensionistas.

Los funcionarios y pensionistas representan una amplia capa social de votantes presentes y futuros que son muy interesantes para el poder político. Actualmente, en España contamos con alrededor de 10 millones de pensionistas y 3,3 millones de funcionarios, suma que asciende a 13,3 millones de personas. En nuestro país hay 36 millones de personas en edad de acudir a las urnas, lo que quiere decir que tanto funcionarios como pensionistas representan entorno al 37% de potenciales votantes, los cuales, a “golpe de BOE “se pueden satisfacer.

Este año 2022 se pactó una subida del sueldo de los funcionarios del 2%. No digo que no haya que revisar su poder adquisitivo y en el caso que proceda elevarlo. Pero, ¿creen que es el momento para proceder a tal subida?, ¿consideran que los funcionarios se encuentran desprotegidos y vulnerables ante la situación que atravesamos? El gobierno cree firmemente que sí. 

Ser funcionario es el sueño de cualquier joven y oye, no lo critico, es más, me parece absolutamente lógico viendo el contexto económico y social de España. El 67% de los funcionarios de nuestro país perciben salarios de más de 2.295 euros mensuales y el 6,5% de los mismos, perciben salarios de entorno a 1.330 euros mensuales. Por otro lado, en el “malvado y explotador” sector privado solamente el 21,2% de los asalariados perciben salarios de más de 2.295 euros mensuales y el 36,1% de los empleados perciben alrededor de 1.330 euros mensuales. Está muy de moda hablar sobre la brecha salarial y en este caso no he escuchado al gobierno pronunciarse al respecto. El salario bruto medio del sector público es de 2.884,70 euros frente a los 1.818,60 euros del sector privado, por lo tanto, de media la brecha existente entre sector público y sector privado es de 1.066,10 euros. En conclusión, creo que ha quedado más que claro que la subida salarial que van a experimentar el cuerpo de empleados públicos no es en absoluto necesaria en estos momentos, viendo la situación que viven en comparación con el resto de la sociedad.

Los salarios son el precio del factor trabajo y como cualquier precio se rigen por la ley de oferta y demanda. Daría para otro artículo el tema de precios y salarios, pero la diferencia entre el sector privado y el público radica en que el primero se rige por precios de mercado para fijar salarios y el segundo no. Los salarios en el sector público los fija un presupuesto aprobado cada año, en ningún caso se rigen por ley de oferta y demanda; y de ahí el enorme desfase.

El Banco de España publicó a finales del mes de julio la encuesta financiera de las familias correspondiente al año 2020. Esta encuesta la realiza este organismo cada tres años y nos revela una información muy detallada sobre la riqueza de las familias en nuestro país. Dicho lo cual, veamos si los pensionistas se encuentran en una situación delicada y de emergencia social como para que el ejecutivo se vea obligado a incrementar el próximo año un 8,5% de media sus pensiones. Los datos son los siguientes:

Las familias españolas en su conjunto poseen una riqueza neta mediana (la mediana nos evita caer en los sesgos de los datos anómalos de rentas excesivamente altas o excesivamente bajas) de 120.000 euros. Los hogares donde los cabezas de familia tienen 35 años o menos poseen una riqueza neta mediana de 24.000 euros. Y, para terminar, los hogares donde sus cabezas de familia tienen 65 años o más tienen una riqueza neta mediana de 200.000 euros. Los pensionistas están dentro del grupo de hogares más ricos de nuestro país con muchísima diferencia. Por lo tanto, ¿siguen pensando que el gobierno va a incrementar las pensiones en 17.000 millones de euros en 2023 porque los pensionistas atraviesan una situación verdaderamente crítica? Rotundamente, no.

Quiero aclarar que no tengo absolutamente nada en contra de estos dos colectivos, lo que intento mostrar al lector que estos mismos no representan a esa parte de la población que peor lo está pasando, no representan a esa parte de la población donde la incertidumbre económica en su hogar es mucho más acuciante. Los gobiernos de turno los usan para sus campañas electorales y para conseguir votos a golpe de BOE. España es el país de Europa con la pensión pública más elevada con una tasa de reemplazo (porcentaje de tu último salario que cobrarás con la pensión pública) de un 80% mientras que los “pobres” alemanes tienen que conformarse con un mísero 55%. Con respecto a los funcionarios, al tener un estado sobredimensionado para el tamaño de nuestra economía, por ende, el cuerpo de funcionarios también lo está. En Alemania, un país con más de 80 millones de habitantes tiene 2,3 millones de funcionarios frente a los 3,3 millones que tenemos en nuestro país con 46 millones de habitantes.

Para concluir, el Estado no gobierna para los que más lo necesitan si no lo haría en favor de dar más libertad y poner menos trabas a autónomos y empresarios; haría mucho más flexible el mercado laboral para que pudiese ser un mercado laboral en el cual fuese fácil entrar y también salir. ¿Creen ustedes que el gobierno utiliza a los 13,3 millones de pensionistas y funcionarios como objeto político para perpetuarse en el poder? Observen los datos y saquen sus propias conclusiones.