Reformas de todos los españoles


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Oficina de empleo./Foto: LVC
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Oficina de empleo. /Foto: LVC

Me gustaría alejarme del debate político que lo impregna todo y valorar los acontecimientos con carácter analítico, o al menos intentarlo. Ello nos llevará a consensuar algunos aspectos que nos deben hacer avanzar como sociedad, a los de izquierdas, a los de derechas, a los de arriba, a los de abajo, y como diría mi amigo Rafael López “a los medio pensionistas”.

Sin duda, la política más social que puede existir es que todas las personas en edad de producir puedan entrar en el mercado laboral, es decir, que tengan un empleo digno en función de sus capacidades para mantener el nivel de vida que cada uno considere. Si eso ocurre, además de tener individualmente una renta que nos permita acceder a determinados bienes y servicios, colectivamente nos permitirá disponer de bienes compartidos, es decir, de hospitales para nuestros enfermos, pensiones para nuestros jubilados, educación para nuestros jóvenes, y subsidios para nuestros parados. Con estas cuatro partidas, superamos el 70% del presupuesto de nuestro país en un año. Da igual el partido que nos gobierne que esos porcentajes no cambian de forma significativa.

Independientemente de nuestra ideología, todos diremos que crear empleo es bueno, no es que sea bueno, es necesario para que las sociedades avancen. Y tampoco habrá mucha discusión en que los empleos se crean mayoritariamente por el sector privado, y el empleo público se acompasa con la prestación de servicios que requiere el Estado. Así el número de ocupados en España es de 19,68 millones de personas, de los que 3,24 millones están a sueldo de Estado, el resto son autónomos o trabajadores por cuenta ajena (EPA 1T 2020).

Pues bien, si las políticas públicas desincentivan la creación de empleo por parte de quien lo genera, es decir, los empresarios, estamos comenzando un camino tortuoso que no sabemos dónde nos llevará. Si las políticas que queremos aplicar en nuestro país suponen, más impuestos y más costes salariales para las empresas, estamos haciendo un coctel explosivo para la creación de empleo, que ya hemos dicho que la política más social que existe. Un país que no facilita la generación de empleo, en una economía social de mercado como las nuestra, está siendo poco social. No hay un país del mundo que cree riqueza para sus ciudadanos que no base sus estrategias políticas en la creación de empleo, y si este es de calidad y bien remunerado mucho mejor. Recuerdo una entrevista de Jordi Évole a José Mujica, presidente de Uruguay, en la que le preguntó: “¿usted no criminaliza a los empresarios?, y este respondió con meridiana clarividencia “gente como este (refiriéndose a un longevo empresario) resuelve problemas y yo no tengo ni capacidad ni fuerza para poderlos resolver. Yo tengo mi ideología, pero no quiero ser bobo, porque si después, por querer repartir exprimo demasiado, tengo menos para repartir”.

Más impuestos y más costes salariales suponen una reducción de empleo en las empresas, con menos empleo habrá menos renta para algunas personas y menos beneficios para las empresas. Caso de que la subida de impuestos no aumente la recaudación de manera significativa, que en un escenario de crisis como el que nos encontramos puede ser más que probable, supondrá que no podemos cubrir nuestros gastos públicos con los ingresos obtenidos. Habrá que aumentar el déficit público, y si el endeudamiento está al límite (esto daría para otro artículo), qué creen que pasará, ¿se reducirán las pensiones?, ¿el gasto sanitario?, ¿el de educación?, ¿las prestaciones sociales?, o dejaremos de pagar los intereses de nuestra voluminosa deuda como país.

Seamos un país razonable, cerremos acuerdos en aquello que generará riqueza y bienestar para todos, tengamos un marco de actuación estable, seguridad jurídica que llaman los entendidos, hagamos una reforma laboral, sanitaria y educativa razonable, que no sea de ningún partido, pero que sea de todos los españoles.