El primer párrafo del artículo 1 de nuestra Constitución nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Por tanto, cualquier anormalidad democrática que vienen vociferando en las últimas semanas los elegidos como socios de gobierno por el Sr. Sánchez, debe interpretarse como aquella que atenta a esos principios recogidos en la Carta Magna.

Pues, después de repasar los últimos actos que está llevando el gobierno y sus ramificaciones, me llevan a concluir que, efectivamente, estamos sufriendo ese anormalidad democrática ejecutada por los mismos que la denuncian y me refiero al trato, más que especial, que están recibiendo los presos catalanes por un confirmado delito de sedición y, por lo que se vislumbra, el que van a recibir terroristas vascos con condenas firmes.

La ley penitenciaria exige (resumidamente) tres requisitos para alcanzar el tercer grado, ese que permite al preso vivir en semilibertad, como medio para la reinserción: Tener satisfecha la responsabilidad civil (o, al menos, con propuestas para llevarlo a cabo); demostrar buena conducta penitenciaria, que incluye el haber aceptado la comisión del delito y querer reinsertarse; y, por último, tener cumplida de modo efectivo una parte de la condena (25% cuando la impuesta es inferior a 5 años y el 50% cuando es superior).

El gobierno de la nación ha permitido que el carcelero sea el propio preso, pues dado que las competencias en esta materia están cedidas a la Comunidad Autónoma Catalana, los encargados de prisiones son los mismos que apoyan a los que han cometido el delito, y llevando los presos a sus cárceles, ya aplican ellos la norma como les viene en gana.

Burlar la ley ha sido tan fácil, como trasladar de prisión a los condenados.

Pero claro, supuestamente, estas decisiones de las Juntas de Tratamiento y demás responsables están sometidas al control jurisdiccional, si bien para ello es preciso que se recurra dicha decisión ante los Tribunales. Lógicamente, los presos beneficiados no lo van a hacer y quien debería velar por la legalidad, como es el Ministerio Fiscal, o bien mira para otro lado o sigue el juego.

No podemos olvidar que el Ministerio Fiscal es jerárquico y recibe instrucciones de la Fiscalía General, que tampoco debemos dejar de lado quién es y cómo ha sido nombrada.

Curioso que se decida conceder el tercer el grado a estos presos cuando (incluso obviando si se dan los requisitos subjetivos) claramente el objetivo de cumplimiento mínimo de la pena no se ha producido, días antes de una elecciones, para que participen en mítines y demás y que el Fiscal no se planteé recurrir la decisión hasta que ya se ha conseguido la finalidad de hacer toda la campaña electoral, con la agravante de que ya el Tribunal Supremo se había pronunciado, en las mismas circunstancias, en contra de dicha decisión.

Ahora están preparando el terreno para hacer lo mismo con terroristas vascos, con condenas en firme, en las que los otros socios del gobierno (los de por fuera, léase Bildu) piden su libertad.

Cada semana escuchamos y leemos que cuatro o cinco de estos presos están siendo trasladados a prisiones vascas, junto con la noticia de que el Sr. Sánchez y el lendakari vasco tienen muy adelantada la cesión de las competencias en materia de prisiones.

La conclusión del silogismo parece evidente, en pocas fechas nos encontraremos con estos terroristas en la calle.

Nos vamos a encontrar que se ha concedido una amnistía encubierta a quienes más gravemente han atentado contra el Estado de Derecho en los últimos años: los golpistas catalanes y los terroristas vascos a la calle sin cumplir siquiera la parte mínima de sus condenas y, por supuesto, sin haber manifestado el más mínimo arrepentimiento. Todo lo contrario.

Si comparamos esta actuación con la que día a día se ve en los demás presos es cómo si comparamos el blanco con el negro.

Y ahora encima tenemos que aguantar, con una absoluta amoralidad, que el Sr. Sánchez quiera hacerse pasar como el que ha vencido el terrorismo montándose un espectáculo, al estilo de los césares romanos, destruyendo las armas incautadas a ETA.

¡Qué poca vergüenza! ¿Cómo se puede mentir tanto? Es que ya no se preocupa de decir dos cosas contradictorias en el mismo acto. No se puede decir que se ha vencido a ETA y que por eso se destruyen las armas, cuando a la misma vez se les está procurando la amnistía a esos terroristas que usaron esas armas (u otras parecidas y que aún no han sido entregadas) para matar conciudadanos inocentes y que no se arrepienten de nada.

¡Eso sí que es una anormalidad democrática!