Soy de los que piensan que una Europa fuerte y unida es completamente necesaria si queremos que los Estados que la componen puedan competir con los monstruos chinos, americanos y algún otro que está surgiendo por ahí (del que participan países europeos que traicionan o abandonan su propia casa) o que puede surgir en el futuro, en cuanto se quite la capa de pobreza que lo apisona.

En este mundo globalizado, cualquier cosa que no se haga a través de una Europa fuerte y unida está abocada a morir por la imposibilidad de competir con las grandes superpotencias.

Es verdad que en algunas materias, sobre todo monetarias y económicas, la Unión Europea sí se muestra firme (la pela es la pela), pero cuando nos acercamos a cuestiones “políticas” o a “políticos”, la cosa cambia y se vuelve más nacionalista que los propios nacionalismos independentistas.

Un ejemplo del miedo que Europa tiene a enfrentarse al nacionalismo lo podemos ver con la ejecución de la Eurorden en caso del prófugo Puigdemont.

Estoy convencido de que la Eurorden, en el supuesto de que a quien se estuviese buscando para juzgar fuese un delincuente común (me refiero a un asesino, ladrón, violador, etc.…) funcionaría a las mil maravillas y cualquiera de estos sujetos no encontraría madriguera en Europa para esconderse.

Sin embargo, cuando nos topamos con delitos que afectan a la política y a los políticos de los diferentes Estados que componen la UE, la cosa cambia. Y eso, precisamente eso, es lo que ocurre con el caso Puigdemont.

No podemos olvidar que la Eurorden es la orden de detención y puesta a disposición de la justicia nacional, de alguien a quien la Justicia de un país perteneciente a la UE ha de investigar, juzgar y sentenciar, por presuntos hechos que infringen normas penales.

Resulta incomprensible que un Estado miembro de la UE ponga en lo alto de la mesa su legislación nacional para decidir sobre la puesta a disposición del buscado por la Justicia por otro país miembro de la UE.

Cualquier Estado que ha sido admitido en el seno de la UE ha de presuponer que su legislación cumple los principios democráticos y de estado de derecho que impone la propia Constitución Europea, por lo que cualquier duda que surja sobre dicha cuestión, lo que hace es poner en duda la propia admisión de ese Estado en el seno de la UE.

Pero, en todo caso, lo mismo que se dictan Directivas y Directrices desde el seno del Consejo o del Parlamente Europeo para adaptación de las legislaciones nacionales a la europea, éstas deberían existir si hay algunas normas nacionales que no estuvieran conformes con los principios europeos.

Pero claro, como decía, antes, cuando el problema que se plantea no es en relación a una persona ordinaria, sino que lo es respecto de un político y de una cuestión política, todos se ponen exquisitos y, sobre todo, piensan en los problemas internos que ellos mismos tienen y que no quieren soliviantar, importándoles un bledo Europa y el resto de Estados miembros.

¿Cómo pueden pensar en cuestiones nacionalistas los belgas, con el problema que ellos tienen en Flandes, o Dinamarca con las Islas Feroe, o Francia con Córcega o Italia con Lombardía o el Tirol del Sur o el Véneto?, olvidándonos ya de estos problemas del Reino Unido con Escocia, Gales, o Irlanda del Norte, al haber abandonado la UE.

¿Alguien puede pensar que cualquiera de estos países va a colaborar con otro Estado de la UE cuándo ellos tienen el mismo problema en su país? Lo único que quieren es escurrir el bulto y que no les salpique el problema nacionalista.

Ahora bien, lo que no acabo de comprender es lo que hacen los 54 diputados españoles del Parlamento Europeo (bueno alguno menos ya que lógicamente habremos de quitar a los nacionalistas vascos y catalanes y sus adláteres) que no montan en cólera defendiendo a España como país democrático y de Estado de Derecho. Es incomprensible que los 42 diputados de PSOE, PP, C´s y VOX, junto con sus respectivos grupos parlamentarios europeos, no defiendan su Justicia y hagan todo lo posible para que ésta pueda desarrollar su labor.

Al final, esto de la división de poderes ya no tiene arreglo, el poder legislativo sucumbió al ejecutivo y el poder judicial parece que tiene los días contados, pues todo apunta a que al gobernante de turno no le gusta el control y que le limiten su poder, pues hay que defender el puesto como sea.

Mientras tanto, Puigdemont puede estar tranquilo que jamás será entregado a la justicia española para ser juzgado, no vaya a ser que alguno de los países por los que va se encuentren a sus nacionalistas enfrentados y pierden el apoyo de los mismos para seguir gobernando.