No es la primera vez que en estas reflexiones en voz alta expreso mi opinión frente a los escraches, esos que la izquierda radical considera una justa forma de expresión, pero que, para mí, no dejan de ser unas verdaderas amenazas y coacciones, que atentan directamente contra derechos fundamentales de las personas.

De hecho, alguno de los que los defendían como “jarabe democrático”, cuando le dieron una cucharada de dicho jarabe le pareció bastante amargo y se sintió coaccionado, hasta el punto de pedir la protección de la Justicia, esa a la que tanto provoca y critica.

Pero ahora, con el tema del niño de Canet de Mar (Barcelona) se sobrepasa con creces todos los límites y este gobierno inane, pues eso, inane.

En este tema ya no estamos ante una protesta por una decisión política frente a alguien que se dedica a la cosa pública que, como ya digo, me parece una atrocidad, pues hay muchísimos medios para expresarse y no es necesario acudir al acoso e incluso a la violencia, y además se pudiera decir que lo llevan en el sueldo, sino que nos encontramos ante una acción deleznable, frente a un crio de cinco añitos y su familia ¡¡¡porque la Justicia le ha reconocido un derecho!!!

Una Justicia que ha permitido exponer a todos sus razones y ha resuelto conforme a Derecho tras tramitar un procedimiento y sus recursos. No se trata de una Decreto Ley de los que gustan mucho ahora al presidente de gobierno.

Todos estos que se ponen muy dignos (cuando se trata de actuaciones de personas de otros signos o convicciones) en defensa del derecho de los menores, quien no participa del ataque calla de forma cómplice y le importa un bledo esos derechos, si no miremos también hacía las Baleares y vemos como se las gastan y callan.

Pero decía que no quería ir, de nuevo, con este tema de los escraches, sino que quería profundizar en el daño que el gobierno, por su inacción e ineptitud, o quizás, más bien, por sus intereses políticos, o porqué no, por todo ello a la vez, no hace cumplir lo dictado por un Tribunal y, además se hace cómplice de la violación de graves derechos fundamentales.

La libertad de expresión frente a una resolución judicial significa la libertad de criticarla y de opinar sobre ella, pero la crítica no ampara ni su desobediencia ni el ataque a quien ha obtenido la tutela judicial, que es un derecho fundamental, reconocido constitucionalmente.

Según leí por ahí, habría sido un periódico digital independentista quien había difundido la identidad del padre del niño y abrió las puertas para el ataque furibundo que se está produciendo.

¿Dónde está esa Agencia Española de Protección de Datos que tanto nos persigue para ver si se tienen medidas y medios que eviten el uso de los datos? Todavía estoy esperando (y sé que lo puedo hacer acostado, ni siquiera sentado) a que inicie el expediente frente a ese diario que revela la identidad de un padre y, con ello, de forma indirecta, de un menor, infringiendo gravemente los derechos fundamentales a su intimidad y su propia imagen. ¿Dónde está esa caverna de proteccionistas de derechos para verdaderos delincuentes que ahora no les preocupa lo que le están haciendo a un menor?

Pero, sobre todo, ¿dónde está esa fiscalía que tiene la obligación de defender los derechos del menor y de vigilar el cumplimiento de la legalidad? Y, más que nada, ¿dónde está ese gobierno para proteger al indefenso? ¿dónde ésta ese gobierno para hacer respetar al otro poder del Estado, el Judicial?

Mucho me temo que donde siempre, en el juego del voto y de mantener las prerrogativas, el poder y el Falcon, total ¿qué valen la intimidad y los derechos de un niño frente a mantenerse en el poder?

Lo malo, es que a algunos aún no le parece mal esa inactividad.