La sombra de la privatización cae sobre capitulares


La Sección Sindical Mayoritaria del Ayuntamiento denuncia un posible concurso público dirigido a una empresa concreta

Durante el 2015 la sección de informática del Ayuntamiento de Córdoba estuvo trabajando en la actualización de los sistemas y software con los que se trabaja para la gestión  de los tributos, hasta que el pasado mes de febrero se les dio la orden de que no continuaran.

El sindicalista Paco Moro
Paco Moro, Secretario General CTA Córdoba / Foto: Archivo

Al parecer, el cogobierno municipal estaba meditando cederle estas gestiones del Centro de Proceso de Datos (CPD) a la empresa privada Gestión  Tributaria Territorial, más conocida por sus siglas, GTT. De tal manera que esto sería un secreto a voces, según el líder de la sección sindical mayoritaria en el Consistorio. «Esto se haría a través de un concurso con una bases muy favorables», señala Moro.
Teniendo en cuenta la importancia de los datos que se manejan en esta sección y la responsabilidad que de ello se desprende, el líder sindical no entiende «cómo el Ayuntamiento se plantea privatizar el CPD y dejar en manos externas estos asuntos tan delicados». Moro añade que además del escándalo de dirigir un concurso público para beneficiar las opciones de una empresa concreta, el trabajo anterior realizado para mejorar y modernizar las aplicaciones informáticas va «a ser tirado directamente a la basura, un trabajo de más de 8 meses».
Tras un contra-informe emitido por los responsables de la informática municipal en el que argumentan a favor de la idea de continuar con el desarrollo del Sistema Integrado de Recaudación Municipal por parte del propio servicio interno y emplear los dos millones de euros que se pretenden destinar a la empresa privada en el Plan de Modernización Integral del área de informática, «nos encontramos a la espera de la celebración de una comisión de estudio sobre este tema, aunque si mientras tanto se da cualquier paso que nos resulte impugnable, estamos dispuestos a acudir a los juzgados a denunciar esta situación», concluye el sindicalista.