Miles de cordobeses han acompañado a la plantilla de ABB sobre la que actualmente pesa un ERE presentado por la nueva propiedad, Hitachi, que supondría el despido de 59 trabajadores de la que es, en la actualidad, una de las principales empresas de la capital.

El alcalde, José María Bellido, ha encabezado una nutrida representación municipal de la que han formado parte ediles de PP, Ciudadanos, PSOE, IU, Vox y Podemos. También ha estado el delegado de Empleo de la Junta, Ángel Herrador, así como representantes políticos e institucionales.

Los dirigentes provinciales de UGT y CCOO, Vicente Palomares y Marina Borrego, respectivamente, han estado al frente de la concentración que ha partido de la plaza de las Tres Culturas y ha recorrido las calles del Centro de Córdoba. Palomares ha lanzado un mensaje cordial hacia Hitachi, a los que ha dicho que «sean bienvenidos a Córdoba, que se van a encontrar una ciudad amable, que les va a generar oportunidades y que estas tienen que pasar por la consolidación del empleo y por el crecimiento industrial».

Borrego, por su parte, ha indicado que la industria de Córdoba «es el futuro», para que los inversores vean que «tienen que invertir». La dirigente de CCOO ha señalado que la concentración tiene que servir para que «el ERE no se produzca». 

Además, los sindicatos de las compañías han mantenido este lunes una reunión con representantes de los ministerios de Industria y Trabajo en la que les han transmitido «su total apoyo» y que abordarán estos contactos con las compañías.

El pasado mes de junio, ABB anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) dirigido a 59 empleados de sus plantas en Córdoba y Trápaga (Vizcaya), antes de vender el 80% de su división de redes eléctricas a la japonesa Hitachi.

En un comunicado, CCOO de Industria afirma que «no existe ninguna causa justificada» para el expediente planteado por ABB y que todo ello se debe «a la operación global de la parte de transformadores, que es la que la empresa en España quiere reestructurar».

Asimismo, señala que durante la negociación, a pesar de las exigencias de los sindicatos, la empresa no ha sido capaz de desarrollar un plan industrial dentro del plan social que pudiera «dar viabilidad» a la actividad de interruptores y «anular los despidos».