La portavoz de Salud y Familias del Grupo Parlamentario Popular Beatriz Jurado ha afirmado que el gobierno andaluz de Juanma Moreno cumple su palabra, saca del cajón la Ley de la Infancia y Adolescencia y la dota con 2.500 millones de euros en su memoria económica.
Jurado ha valorado esta ley recientemente aprobada en el Parlamento como una ley integral, transversal y actualizada para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia, regular sus derechos y deberes, impulsar la participación infantil, crear un sistema de participación e información, e indicadores para medir su bienestar real.
«Esta ley es una promesa cumplida más del gobierno del Cambio en Andalucía ante el abandono total que sufrió esta materia con los anteriores gobierno socialistas que la dejaron metida en un cajón», comenta Jurado.
La diputada ha destacado que este texto legislativo ha estado muy participado y consensuado con 426 aportaciones en el trámite de audiencia pública y 836 enmiendas parlamentarias de las que se han tenido en cuenta más del 50%. «Es una muestra más del ritmo reformista y el diálogo transversal del gobierno del Cambio para llegar a grandes acuerdos con todas las fuerzas políticas para mejorar la vida de los andaluces», argumenta.
Beatriz Jurado ha asegurado que es la ley más actualizada puesto que recoge las medidas de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia que se aprobó el 4 de junio de 2021. «Y además fortalece el reconocimiento a la familia como institución fundamental donde los niños y niñas se pueden desarrollar plenamente», dice.
Como principal novedad, el texto incluye la declaración de situación de riesgo algo que es fundamental para comenzar a actuar con celeridad con un plan de intervención familiar que será el instrumento para corregir esas situaciones de riesgo y para garantizar el desarrollo del menor en su familia o, de lo contrario, iniciar todos los trámites para la declaración de la situación de desamparo.
Además, introduce mejoras en la regulación de la guarda, el acogimiento residencial, el acogimiento familiar, las familias colaboradoras y las adopciones nacional e internacional.
«Esta ley es una herramienta muy útil para proteger a los menores andaluces de las nuevas situaciones de vulnerabilidad, como el ciberacoso, tras 23 años de vigencia de la ley anterior (1998)», argumenta Jurado y añade, «además servirá para mejorar el sistema andaluz de guarda y tutela y acortar los tiempos de respuesta, así como para dotar a los menores de mayor participación en la toma de decisiones y herramientas para ejercerla».
Esta ley beneficiará a todos los andaluces menores de edad, más de 1.600.000; a los menores que están bajo tutela de la administración de la Junta de Andalucía, más de 5.000; a las personas tuteladas tras su mayoría de edad y hasta los 25 años; a los profesionales del sistema de protección a la infancia y de los servicios sociales; a las entidades que dan atención residencial; a las familias de acogida, las familias colaboradoras y las familias adoptivas.
