«La pasada semana dos trabajadoras del servicio de atención a domicilio correspondiente al Ayuntamiento de Córdoba, y cuyos servicios presta por cesión del servicio la empresa SAD Claros Córdoba, sufrieron agresiones por parte de familiares de sus respectivos usuarios durante la prestación de este servicio público a personas dependientes», ha informado UGT Servicios Públicos en una nota.

En uno de los casos, «producido el pasado viernes 4 de marzo en una casa de una urbanización alejada del centro urbano, la persona familiar del usuario del servicio exigió a la empleada que realizara labores de limpieza en sus dependencias particulares, algo a lo que la empleada del servicio se negó por no corresponderle esa labor como aquellas que cubren las necesidades de la persona dependiente. Ante su negativa el familiar respondió con gritos, insultos, amenazas y agresiones físicas, llegando a coger del cuello a la trabajadora, que requirió de atención sanitaria en la mutua posteriormente».

Los gritos y amenazas fueron de tal calibre que «fueron vecinos de esta casa los que llamaron a la policía que, una vez personada en el lugar, tuvo que imponer el orden correspondiente y dejó constancia de los hechos, que tuvieron que ser posteriormente denunciados por la trabajadora de atención domiciliaria».

Ante este tipo de situaciones, «que se producen de forma reiterada en el servicio bajo la impotencia y desprotección de las empleadas del servicio, UGT Servicios Públicos de Córdoba quiere denunciar no sólo esta desprotección sino la falta de reconocimiento de los riesgos laborales que exigen medidas de protección que garanticen la integridad de las trabajadoras auxiliares del servicio de atención a domicilio de personas dependientes». 

«Queremos recordar, sobre este punto, que tal reconocimiento es ya un derecho adquirido como trabajadoras y que está reflejado no sólo en nuestra Constitución, sino que viene aplicado legalmente en el artículo 4 de la Ley de Protección de Riesgos Laborales, que habla de “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo” y la necesidad de adoptar medidas protectoras, así como en los artículos 14.2, sobre la seguridad y la salud en el trabajo, o el 14.1, que habla de la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en cada tipo de trabajo, de la misma Ley».  

«Nos unimos al Comité de Empresa de CLAROS CÓRDOBA en sus exigencias, tanto al Ayuntamiento de Córdoba como a la misma empresa, para que se asuman responsabilidades y se garantice que, ante situaciones como estas, se den respuestas rápidas y eficaces que permitan a la empleada cambiar de servicio o que se agilicen las acciones correspondientes para obligar a los familiares implicados a que se alejen del domicilio durante el tiempo en el que la empleada hace sus turnos».

Desde UGT Servicios Públicos queremos, asimismo, han querido «expresar nuestro rechazo a que la mutua en la que la empleada fue atendida restara importancia al incidente, en el que recordamos que llegaron a producirse agresiones físicas, y le negara la posibilidad de una baja por el estrés derivado de esta lamentable situación».