Una mesa redonda organizada por la Fundación Pro Real Academia de Córdoba sobre La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha servido para desmontar los tópicos sobre los que han asentado en los últimos tiempos las críticas contra la inmatriculación del templo por parte, fundamentalmente, de la Plataforma Mezquita-Catedral de todos.
Quienes más documentadamente han argumentado contra estos tópicos han sido el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, Luis Humberto Clavería, y el exdirector general y letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Javier Gómez Gálligo. El primero de ellos ha afirmado con rotundidad que la propiedad de la Mezquita-Catedral corresponde a la Iglesia Católica porque «es difícil plantearse que alguien distinto a la Diócesis haya poseído en concepto de dueño el templo» en los últimos 30 años, que es el periodo que la legislación vigente reconoce para una usucapión extraordinaria.
Por su parte, Gómez Gálligo ha atacado en primer lugar el argumento usado con profusión de que la Iglesia se ha beneficiado para hacerse con el templo de una «legislación franquista», ya que el procedimiento «por certificación unilateral y por posesión ya lo tenía la Iglesia desde 1861», momento del que data la Ley Hipotecaria, y que trató de subsanar el perjuicio que se le había ocasionado a la Iglesia décadas atrás con las distintas desamortizaciones. Del mismo modo, señaló que es absolutamente falso que fue el presidente del Gobierno José María Aznar quien permitiese este procedimiento. Este experto tampoco admite que la inmatriculación sea inconstitucional debido a que «se ha usado un proceso correcto y ajustado a derecho».
En esta mesa redonda, moderada por el registrador Manuel Galán, el secretario del Pleno del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, ha expuesto una teoría, según la cual «es compatible que la Iglesia Católica mantenga el asiento registral, pero podría en un gesto de magnanimidad y de altura de miras, hacer una declaración testimonial, con el aval de la Santa Sede, al objeto de completar el asiento registral» para que también sea reconocida una titularidad demanial.
Por último, la profesora de Derecho Eclesiástico, Amelia Sanchís, ha terminado su intervención mostrando su «esperanza de llegar a acuerdos y a un acercamiento» como ha expuesto Lavela.
