Celebró La Voz una nueva edición de su ciclo sobre la “Excelencia empresarial en los servicios públicos”, dedicada en esta ocasión a la colaboración público privada en la gestión del agua. Y lo hizo, en un viernes lluvioso, como apuntó, Rafael González, siempre brillantemente certero, en su crónica inmediata del acto. Una coincidencia providencial y necesaria.

Una cuestión esta, la de la gestión del agua y la interacción entre los organismos públicos y las empresas, compleja por muchos motivos conocidos, desde la menor inversión pública en el conjunto de la eurozona -un 61 por ciento inferior a la media de las tres mayores economías europeas como Alemania, Francia e Italia, según SEOPAN-  hasta las dificultades actuales del actual modelo español de concesiones, que dificulta la colaboración público privada en este capítulo de las infraestructuras hidráulicas. Precisamente uno de los que más inversiones necesita -por lo que esa colaboración es imprescindible- y donde los plazos de ejecución -por la naturaleza restrictiva del modelo- se alargan más de lo que ya lo son.

Todo esto, además, en un momento muy complicado por el alza de los precios que está afectando a los materiales de construcción así como a los costes energéticos desde el año pasado y los ya casi cuatro primeros meses de este. Una subida vertical que no tiene precedentes desde hace décadas.

Todo ello, en cuanto a actividades, necesidades y marco actual, salió a relucir en el diálogo – debate entre los tres participantes, Rafael Serrano, gerente de Emacsa; Juan Ramón Pérez, delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía en Córdoba y Carlos Cañavate, CEO de ACOSOL, desde la exposición de sus políticas de gestión. Tres modelos competenciales muy distintos, con recursos igualmente diferentes.

Y, sin embargo, coincidentes en materia de gestión a través del principio esencial que guía las políticas de infraestructuras hidráulicas, la eficiencia, y la necesidad, la de un mayor -y mejor- papel de las empresas privadas en ella.

Pero la cuestión no es tan sencilla. Primero, porque hay que seguir avanzando en el principio de colaboración público privada desde la “cultura administrativa”. Es decir, en la valoración de las empresas como agentes imprescindibles y aliados naturales para el desarrollo de los proyectos hidráulicos -sea cual sea su tamaño- no solo por el cumplimiento de las agendas políticas y sociales – la primera, la 2030- sino por convencimiento, por entendimiento de que es la única vía.

Este primer punto, al que en Andalucía nos hemos ido acercando sensiblemente en los últimos años, sigue siendo una asignatura en la que trabajar sin descanso. De ahí la necesidad de seguir despejando trabas y obstáculos a las empresas -sin menoscabo de que las administraciones cumplan con su función- para facilitar la colaboración.

Y en segundo lugar, porque las transferencias de riesgos al sector privado en un asunto tan vital como la gestión del agua, -plazos de concesión, cánones anuales e ingresos extrapresupuestarios para las administraciones públicas vinculadas al canon- están muy acentuados con esta inflación de costes de los materiales y la energía. Un escenario de incertidumbre marcado, además, por el giro inapelable de las políticas monetarias en la eurozona, que elevarán los costes de la financiación de las empresas -sobre todo en el caso de las pymes que trabajan en el sector- y pondrán en el alero su capacidad a largo plazo.

En este sentido, la presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez, que cerró el acto, reivindicó ambas cuestiones desde la óptica de una empresa tradicionalmente activa en infraestructuras hidráulicas. Que los procedimientos de contratación mejoren sus condiciones, desde la necesidad de abandonar “el hecho de que se priman las ofertas económicas que más se alejan del precio de licitación con lo que se considera la temeraria como más ventajosa”, hasta la incorporación de “mejoras posteriores” no contempladas tras las licitaciones, “sin contraprestación económica”. Todo ello, en el marco de una actualización -recuperación- de las revisiones de precios, que, en la situación actual, resulta fundamental.

La ejecución de los planes hidrológicos de tercer ciclo, 2022-2027, herramienta clave presentada por el Gobierno para abordar la gestión del agua en los próximos años, alineándonos con el Pacto Verde Europeo, que alcanza los 26.000 millones de inversión, requiere nuevos modelos concesionales -de acuerdo a las distintas titularidades públicas- y un marco preciso de revisión de precios. Es decir, la gestión del agua, requiere más que nunca eficiencia. Eficiencia en la colaboración público privada.