La alerta sanitaria (sin Estado de Alarma ni de Excepción de por medio) sigue poniendo de manifiesto dudas sobre la adecuación de algunas medidas que podrían considerarse contrarias a los principios fundamentales que recoge el ordenamiento jurídico español. 

La restricción de movilidad en algunos municipios, los confinamientos selectivos e individuales de aquellas personas que han dado positivo por coronavirus planterían, cuánto menos, dudas legales por parte la legitimidad de las administraciones a la hora de imponerlas.

En ese contexto, Andalucía y Córdoba no son excepciones. De hecho, en las últimas horas el Ayuntamiento de Montoro ha informado que “la Policía Local colaborará con la Junta de Andalucía en la vigilancia activa de los confinados por positivo en covid-19 y a quienes deben permanecer aislados en sus domicilios, según un documento firmado de confidencialidad de los casos”.

De ese modo, el Consistorio ha asegurado que “se mantendrá vigilancia por policía y comunicación a la Consejeria de Salud de la Junta de Andalucía de aquellas personas que no cumplan con el confinamiento acordado por los servicios sanitarios”.

Una iniciativa (con connotaciones que podrían ser limítrofes con la legalidad vigente), que nace “fruto del acuerdo de colaboración alcanzado entre el Ayuntamiento de Montoro y la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba”. Y ello justificado “ante la insistencia del Ayuntamiento por la preocupación de nuestros vecinos”.