El Ayuntamiento de Córdoba ha paralizado, temporalmente, la concesión de ayudas en Servicios Sociales a la fundación Guadalquivir Futuro y la asociación Juvenil Jóvenes hacia el Futuro. De esta forma han respondido a la petición que inició el Partido Popular a través de su portavoz, José María Bellido. Además, precisamente, según ha explicado el portavoz popular, el «motivo de esta paralización se justifica con un argumento legal, precisamente, el mismo motivo por el que antes defendían lo contrario». Además, el PP considera que una suspensión provisional no ofrece ningún tipo de garantía. Así, Bellido, ha exigido que, dada la gravedad de los hechos, «esta interrupción se convierta en definitiva, que no haya marcha atrás».

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, Andrés Lorite, ha solicitado que «la fundación Guadalquivir Futuro devuelva todo el dinero percibido por la institución provincial». Como aclaración, Lorite ha explicado que «la Diputación establece su aportación de ayudas sociales a través de convenios nominativos con las asociaciones». Por lo tanto, tal y como ha aclarado el portavoz, «este proceso limita el acceso de otras asociaciones que no estarían tan vinculadas ideológicamente al gobierno actual». Así, el viceportavoz provincial del PP ha solicitado que «se anule el convenio establecido con la fundación Guadalquivir Futuro, que, además, ha sido la entidad más beneficiada del 2016, con un total de 40.000 euros». En consecuencia, la asociación tendría que devolver el dinero percibido.
El diputado autonómico del PP por Córdoba Miguel Ángel Torrico se ha unido a estas críticas y ha prometido que «en la próxima comisión de Empleo, Empresa y Comercio, el 29 de septiembre, exigirá a la Junta de Andalucía que aclare la totalidad del dinero que ha ido destinado a la asociación expedientada, que asciende a un total de 138.396 euros».  Además, el parlamentario popular no entiende «que la diputada de IU en el Parlamento, Elena Cortes,  denuncie que es insostenible el otorgar subvenciones a entidades investigadas y, luego, sus compañeros, tanto de Ayuntamiento como Diputación, vuelvan a hacer lo mismo».